Lo que comenzó como un retraso administrativo se ha convertido en una emergencia sanitaria en Salamanca. La interrupción progresiva del servicio de camiones aljibe —esenciales para el abastecimiento de agua potable en las zonas rurales— mantiene a cientos de familias sin acceso al vital recurso. Desde hace semanas, localidades como El Arrayán, Cancha Brava y Colliguay sobreviven con lo mínimo.
La causa: una deuda del gobierno provincial que supera los seis meses sin pagos a los operadores de camiones aljibes, generando un paro indefinido de los conductores y proveedores. Frente a este escenario, el alcalde Carlos Lillo lanzó una dura crítica al gobierno, acusando abandono institucional y exigiendo una solución inmediata.
“Estamos enfrentando una situación insostenible. La falta de compromiso por parte del gobierno provincial ha dejado a miles de salamanquinos sin acceso a agua, un recurso esencial. Hemos tenido que intervenir con fondos municipales, lo que claramente no es una solución a largo plazo”, señaló el jefe comunal.
La situación no solo ha obligado al municipio a redestinar fondos de emergencia, originalmente destinados a otras prioridades, sino que también ha provocado indignación entre vecinos que ven cómo sus necesidades básicas quedan relegadas. Laura Tapia, presidenta de la junta de vecinos de El Arrayán, entregó un testimonio crudo: “Hay personas mayores con discapacidad, incluso postradas, que no tienen acceso al agua. Nuestros vecinos están muy molestos, y con toda razón”.
Más del 40% de la población de Salamanca vive en zonas rurales donde el acceso al agua potable depende exclusivamente de estos camiones. Sin embargo, la falta de pagos ha paralizado el sistema. La Municipalidad, aunque comprometida con su comunidad, advierte que no tiene las facultades ni los recursos para mantener de forma indefinida un servicio que es competencia directa del Estado.
En este contexto, las autoridades locales demandan que la Delegación Presidencial del Choapa y el gobierno central tomen cartas en el asunto. La urgencia no puede seguir siendo postergada: sin agua no hay salud, ni dignidad, ni seguridad para los habitantes de Salamanca.
