El 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó un contundente veredicto en uno de los mayores escándalos de corrupción institucional en Chile, al establecer la responsabilidad penal de una red de funcionarios de Carabineros —activos y en retiro— en el desvío de más de $28 mil millones de fondos públicos.
Según la resolución, el fraude alcanzó un monto exacto de $28.348.928.198 y se extendió por cerca de una década, periodo en el cual los implicados aprovecharon sus funciones en áreas clave como la Dirección de Finanzas para manipular cuentas institucionales y sustraer recursos fiscales.
El tribunal determinó que los acusados implementaron un sofisticado esquema para desviar dineros provenientes de la Ley de Presupuesto, utilizando cuentas corrientes en BancoEstado y diversos mecanismos fraudulentos. Entre ellos, se acreditó la emisión de cheques irregulares, transferencias a terceros sin vínculo con la institución, la creación de cuentas “fantasma” no reportadas a los organismos fiscalizadores y la adulteración de registros contables para simular pagos inexistentes.
Asimismo, la investigación reveló la falsificación de documentos oficiales, como resoluciones de desahucio, y el uso indebido de anticipos que nunca fueron restituidos. Parte del dinero también fue canalizado a través de civiles que actuaban como testaferros, simulando pagos a unidades policiales.
Entre los condenados, el fallo identificó roles clave en la operación del fraude. Pedro Valenzuela San Martín, entonces jefe de Tesorería, fue sindicado como uno de los principales responsables al aprobar documentación falsa y autorizar giros de fondos. A él se suman Diego Valdés Bustamante, involucrado en la utilización de cuentas irregulares; Carlos Cárcamo Bravo, quien recibió pagos sin respaldo; y Carlos Rojas Muñoz, quien creó identidades falsas en el sistema contable para encubrir los movimientos.
También fueron considerados responsables Jaime Paz Meneses y Robinson Carvajal Leiva, por autorizar transferencias y emitir cheques fraudulentos, además de Héctor Nail Bravo y Francisco Estrada, quienes habrían participado en la elaboración de documentación falsa para ocultar el fraude.
El veredicto incluye además la confesión de otros implicados, quienes detallaron el funcionamiento interno del esquema, incluyendo el uso de intermediarios para el retiro de los fondos.
Un rol clave en la investigación lo cumplieron los peritajes de la Contraloría General de la República, cuyos informes permitieron reconstruir con precisión las operaciones financieras y detectar las irregularidades en las cuentas institucionales.
Este fallo no solo establece responsabilidades individuales, sino que también deja en evidencia graves fallas en los mecanismos de control interno, abriendo un debate sobre la transparencia y fiscalización en el uso de recursos públicos.
La causa continuará ahora en su etapa de determinación de penas, en un proceso que podría marcar un precedente en la persecución de delitos de corrupción a gran escala en el país.
