Un nuevo precedente internacional en materia de derechos humanos y acceso al agua se abrió tras la comunicación oficial emitida por cuatro mecanismos de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas contra la Empresa de Servicios Sanitarios Aguas San Isidro S.A. (ESSSI), debido a presuntas vulneraciones al derecho humano al agua potable, al saneamiento y al medio ambiente sano en distintas regiones de Chile.
La comunicación internacional fue emitida por el Relator Especial sobre los derechos
humanos al agua potable y el saneamiento, el Grupo de Trabajo sobre empresas y
derechos humanos, la Relatora Especial sobre el derecho a un medio ambiente limpio, sano
y sostenible, y el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
El documento expone graves antecedentes relacionados con contaminación, deficiencias en
la calidad del agua, cortes prolongados de suministro, afectaciones ambientales y riesgos
sanitarios en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía y Los
Lagos.
En el caso de Los Molles, comuna de La Ligua, Naciones Unidas recoge denuncias sobre
mala calidad del agua, interrupciones del servicio, descargas hacia el humedal local y
riesgos para la salud de la población. Además, se menciona que más del 50% de las
viviendas carecen de alcantarillado y que existen antecedentes de procesos sancionatorios
por deficiencias en la calidad y continuidad del servicio.
El documento también hace referencia a denuncias ambientales por mortandad de peces,
descargas al humedal de Los Molles y posibles afectaciones al ecosistema costero
asociado a la desembocadura del río Quilimarí.
La defensora ambiental y de derechos humanos Bárbara Astudillo Delgado, integrante de
procesos de denuncia y seguimiento internacional sobre el acceso humano al agua, señaló
que esta acción representa “un precedente histórico para Chile”.
Indicó que Lo que hoy ocurre con el caso de Aguas San Isidro “demuestra que las denuncias levantadas por las comunidades durante años tenían fundamento. Que cuatro mecanismos de Naciones Unidas intervengan simultáneamente evidencia la gravedad de las
afectaciones denunciadas y la necesidad urgente de garantizar el derecho humano al agua
y a un medio ambiente sano”.
Asimismo, agregó que “este proceso también reafirma la importancia del Acuerdo de
Escazú y de la protección de quienes defienden los territorios. Aquí no solo se está
hablando de infraestructura sanitaria; estamos hablando de salud, dignidad, biodiversidad y derechos humanos”.
La comunicación enviada por Naciones Unidas solicita a la empresa entregar información
sobre las medidas adoptadas para garantizar agua segura y saneamiento adecuado, implementar debida diligencia en derechos humanos, prevenir impactos ambientales
negativos y asegurar mecanismos efectivos de participación y reparación para las
comunidades afectadas.
Además, los mecanismos internacionales instaron a adoptar “todas las medidas necesarias
para proteger los derechos y libertades de las personas mencionadas” y prevenir que
hechos similares vuelvan a repetirse.
Las organizaciones y comunidades afectadas sostienen que esta intervención internacional
fortalece las exigencias de fiscalización, transparencia y reparación efectiva en territorios
que por años han denunciado vulneraciones vinculadas al acceso al agua y contaminación
ambiental.
El caso será incorporado posteriormente en informes públicos del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, transformándose en un antecedente relevante para la
discusión internacional sobre empresas, derechos humanos y justicia ambiental.
Lea el informe aquí: DownLoadPublicCommunicationFile
