(Por Carlos Figueroa Valdés Ex Concejal de la comuna de Los Vilos)
La ley de royalty minero fue aprobada transversalmente por los parlamentarios y parlamentarias de ambas cámaras en el Congreso Nacional, a excepción de la bancada del Partido Republicano, que rechazó sistemáticamente todas las iniciativas de ley propuestas por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
La importancia de dicha ley radica en implementar un nuevo esquema tributario que se aplica a los consorcios mineros que superan las 50.000 toneladas de cobre fino al año, permitiendo recaudar, a nivel nacional, US$450 millones de dólares, los cuales son inyectados directamente a los municipios y gobiernos regionales para fortalecer su desarrollo económico y social, creando tres fondos: 1) Fondo de Comunas Mineras; 2) Fondo de Equidad Territorial; y, 3) Fondo Regional para el Desarrollo Productivo.
En el proceso de debate legislativo, en un principio, solamente se estaba considerando a la comuna de Salamanca en el Fondo de Comunas Mineras; pero, que gracias al apoyo parlamentario y de gobierno, se pudo comprender que la actividad minera no tan solo radicaba en la comuna donde se extrae el mineral, sino que también, dada la particularidad de Minera Los Pelambres, su impacto tiene un carácter provincial, lo cual permitió que comunas como Los Vilos, Illapel y Canela ingresaran al Fondo de Comunas Mineras, lo que aumentó los recursos a percibir una vez aprobada el proyecto de ley.
Lo anterior, posibilito que los municipios pudiesen contar con recursos para invertir en diversas líneas de financiamiento, que, en el caso de Los Vilos, en un primer momento, con el Fondo Puente, los recursos se inyectaron a resolver una serie de necesidades para subsanar el trágico accidente ocurrido en el sector técnico gastronómico del Liceo Nicolás Federico Lhose Vargas.
Sin embargo, los desafíos vendrían después, ya que el Fondo Puente contemplaba una remesa de alrededor de 500 millones de pesos; pero, que en el año 2025 y 2026 se comenzaba a inyectar la totalidad integra de recursos, permitiendo que se posibilitasen líneas de financiamiento mucho más amplias. Pero, la gran pregunto es ¿cómo se pueden definir esas líneas de financiamiento? ¿cómo y quién prioriza los proyectos y lugares a ejecutar esos recursos? Y, es aquí donde es fundamental la participación ciudadana.
Durante muchos años ha existido un profundo debate en el municipalismo que se relaciona con que las municipalidades son administraciones o gobiernos comunales; y, justamente, una de sus diferencias radica en propiciar lógicas de gobierno que promuevan la participación ciudadana y social en los asuntos públicos. Es por ello que durante los últimos años la legislatura ha ido avanzando desde una democracia representativa hacia una democracia participativa, propiciando, en este caso, herramientas de participación como los plebiscitos comunales, los presupuestos participativos y/o la conformación de los Consejos Comunales de la Sociedad Civil.
Pero, ¿cuál es la importancia de la participación ciudadana? Vale decir que “la democracia no ocurre cada cuatro años; se construye todos los días”; y, parte de esa construcción es propiciar niveles de participación que permita elevar los niveles de información y conciencia en la ciudadanía. Por ello, la importancia de la participación ciudadana es construir una ciudadanía empoderada, pero, también permite validar y legitimar las decisiones técnico políticas que acuerdan las autoridades locales.
En este sentido, tras la coyuntura ocurrida semanas anteriores con la aprobación unánime del Concejo Municipal que definió, unilateralmente, las líneas de inversión de los recursos provenientes del royalty minero, resulta explicable el malestar de un sector considerable de la ciudadanía, que, sin la información disponible, observó como las autoridades locales no habían llegado a un consenso mínimo sobre las materias a invertir. Y, es que como dice el dicho “a rio revuelto, ganancia de pescadores” dicha coyuntura permitió que personas oportunistas sacaran provecho de la confusión generada.
Por lo tanto, el llamado a las autoridades locales es a construir gobiernos comunales que propicien la participación ciudadana y social, no tan solo consultiva, sino que también vinculante, ya que debemos confiar en las capacidades y opiniones de una ciudadanía cada vez mas informada y cada vez mas interesada en incidir en los asuntos públicos. En este sentido, la comuna de Los Vilos, sus dirigentes y dirigentas sociales merecen definir, de forma participativa y vinculante, los recursos provenientes del royalty minero. Propiciar dicha participación es construir gobierno comunal.
