La propuesta, que sería administrada por el Registro Civil, surge en medio del debate sobre las medidas impulsadas por el Gobierno para sancionar distintas conductas delictivas. Desde la DC sostienen que las mismas exigencias y sanciones aplicadas a otros infractores deben extenderse también a quienes afectan el patrimonio público o cometen delitos financieros.
El diputado Patricio Pinilla explicó que el objetivo es incorporar a los condenados por delitos económicos en un registro oficial, con el fin de aumentar las consecuencias asociadas a este tipo de conductas. Según detalló, la iniciativa contempla restricciones como la imposibilidad de obtener o renovar licencia de conducir y pasaporte, además de impedir el acceso a devoluciones de crédito fiscal.
Asimismo, el proyecto considera prohibiciones para integrar directorios de empresas públicas y participar en procesos de licitación con organismos del Estado, sumándose a las sanciones penales que determine la justicia en cada caso.
Desde la DC argumentan que el combate a la delincuencia debe ser transversal y no distinguir entre quienes cometen delitos comunes y quienes vulneran la ley mediante operaciones económicas. En ese contexto, emplazaron al Ejecutivo a respaldar la iniciativa y otorgarle urgencia legislativa, señalando que permitirá evaluar la coherencia de las políticas públicas en materia de persecución del delito.
Los parlamentarios sostienen que el Estado debe aplicar criterios similares frente a todas las formas de delincuencia, especialmente cuando estas afectan recursos públicos o generan perjuicios económicos de alto impacto para la sociedad.
