El Senado aprobó y dejó en condiciones de convertirse en ley el proyecto que autoriza al Gobierno Central a contraer un endeudamiento adicional de hasta US$6.200 millones durante 2026, iniciativa impulsada por el Ejecutivo y que fue respaldada por 28 votos a favor, 15 en contra y una abstención.
La medida busca adecuar el límite de endeudamiento establecido en la Ley de Presupuestos 2026 para cubrir las necesidades de financiamiento del Estado, según explicó el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya.
Sin embargo, el proyecto abrió un intenso debate político debido a las contradicciones que, a juicio de la oposición, existen entre el discurso del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y las decisiones que hoy impulsa en materia fiscal.
Durante la discusión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que se trata de una iniciativa “acotada, pero extremadamente relevante para la administración responsable de las finanzas públicas”, asegurando que no corresponde a un debate sobre el tamaño del Estado ni sobre nuevas prioridades de gasto, sino a la necesidad de enfrentar una situación fiscal distinta a la prevista inicialmente.
No obstante, desde diversos sectores se cuestionó que, mientras el Ejecutivo justifica un mayor endeudamiento para financiar obligaciones del Estado, simultáneamente impulsa una reforma que contempla rebajas tributarias para los sectores de mayores ingresos del país.
Las críticas apuntan a que el Gobierno mantiene un discurso de austeridad que no se refleja en la práctica. Parlamentarios recordaron que durante años el actual oficialismo cuestionó con dureza el déficit fiscal y el aumento de la deuda pública de administraciones anteriores, asegurando que bastaba con una mejor administración y una reducción del gasto estatal para ordenar las cuentas fiscales.
A ello se suma la controversia por los recortes presupuestarios anunciados en distintos ministerios y programas sociales, particularmente en áreas sensibles como Salud, medidas que —según los detractores de la iniciativa— terminan afectando directamente a la clase media y a las familias más vulnerables, mientras se aliviana la carga tributaria de los grupos económicos de mayores recursos.
Durante el debate en la Sala también se plantearon dudas respecto del cumplimiento de las normas constitucionales relacionadas con la delegación de facultades al Ejecutivo y sobre la trazabilidad de algunas modificaciones presupuestarias, solicitándose incluso que la Contraloría General de la República considere esos antecedentes al momento de revisar los decretos que deriven de esta autorización.
Desde el oficialismo se defendió la iniciativa señalando que el Estado recibió una situación financiera compleja y que este endeudamiento es necesario para cumplir obligaciones ya comprometidas y asegurar el funcionamiento de los servicios públicos. Asimismo, reconocieron que el verdadero desafío será recuperar el crecimiento económico y fortalecer la capacidad del Estado para financiar sus compromisos sin seguir incrementando la deuda.
Con la aprobación del Congreso, el proyecto quedó listo para su promulgación como ley, autorizando al Fisco a incrementar su nivel de endeudamiento en un escenario donde el manejo de las finanzas públicas vuelve a instalarse como uno de los principales focos del debate político y económico del país.
