El diputado independiente Carlos Bianchi, junto a la Bancada PPD-Independientes, presentó una reforma constitucional que busca establecer un régimen de “invariabilidad normativa” por un período de 10 años, con el objetivo de resguardar la continuidad de importantes derechos sociales y laborales frente a eventuales cambios legislativos.
La iniciativa contempla la protección de beneficios como la Pensión Garantizada Universal (PGU), la indemnización por años de servicio y la Ley de 40 Horas, asegurando que estas conquistas no puedan ser modificadas ni debilitadas durante la próxima década.
El proyecto, sin embargo, establece una excepción: la invariabilidad no impedirá la tramitación de reformas que tengan por finalidad mejorar o ampliar el acceso a estos derechos, permitiendo su fortalecimiento cuando ello beneficie a la ciudadanía.
Al explicar los fundamentos de la propuesta, el parlamentario manifestó su preocupación por las declaraciones del economista y candidato presidencial Jaime Quiroz, quien ha planteado la necesidad de otorgar un régimen de estabilidad normativa por 25 años para las grandes empresas y el sector minero.
“Lo que ha dicho el señor Quiroz es que quiere que las mineras y las grandes empresas tengan una invariabilidad para que ese contrato no se toque por parte de este gobierno y los que vengan por 25 años. Esto nos preocupa, ya que si el pronóstico económico que el señor Quiroz ha comprometido con el país no resulta, podría correr un alto riesgo todo lo que tiene que ver con las pensiones, la PGU y los logros laborales”, afirmó Bianchi.
Con esta propuesta, el diputado busca abrir el debate sobre la necesidad de otorgar certezas jurídicas no solo al sector empresarial, sino también a los derechos sociales y laborales que benefician directamente a millones de chilenos, planteando que estos avances también requieren mecanismos de protección frente a futuros cambios políticos o económicos.
