La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca regular la creación y difusión de las denominadas “deepfakes”, contenidos falsos generados mediante inteligencia artificial que imitan de manera realista la imagen, la voz o el cuerpo de una persona. La iniciativa fue respaldada por 128 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones.
La propuesta legislativa tiene como objetivo proteger a las personas frente al uso malicioso de estas tecnologías, que pueden ser utilizadas para cometer delitos como extorsiones, estafas, campañas de desinformación o para dañar la reputación de terceros.
Entre las medidas contempladas, el proyecto faculta a los tribunales para ordenar el retiro o bloqueo de contenidos cuando exista riesgo de un daño irreparable para la víctima. Asimismo, establece multas que van desde 5.000 hasta 10.000 UTM, lo que equivale aproximadamente a entre $358 millones y $716 millones, para quienes infrinjan la normativa.
La iniciativa incorpora además el concepto de derecho a la integridad digital, estableciendo que toda persona tiene derecho a que su imagen, voz o cuerpo no sean utilizados para generar representaciones digitales falsas y verosímiles mediante inteligencia artificial u otras tecnologías.
Durante la discusión, diversos parlamentarios señalaron que Chile avanza en una regulación que ya existe en otras jurisdicciones, como la Unión Europea, donde se han implementado normas para enfrentar los riesgos derivados del uso de la inteligencia artificial.
La diputada Irací Hassler destacó que las principales víctimas de este tipo de contenidos son mujeres, niñas y adolescentes, afirmando que la inteligencia artificial ha facilitado nuevas formas de violencia digital y que corresponde al Estado establecer mecanismos de protección.
En tanto, la diputada Priscilla Castillo sostuvo que la iniciativa no busca frenar el desarrollo de la inteligencia artificial, sino impedir que sea utilizada para perjudicar a las personas, recordando que el daño a la reputación suele producirse en pocos minutos, incluso antes de que exista una eventual sanción.
No obstante, algunos legisladores manifestaron inquietudes respecto de la responsabilidad que el proyecto asigna a las plataformas digitales para eliminar contenidos, advirtiendo que la norma deberá resguardar también la libertad de expresión y evitar afectar desarrollos tecnológicos legítimos.
El proyecto define las deepfakes como contenidos de imagen, audio o video generados o manipulados mediante inteligencia artificial u otras tecnologías capaces de recrear o alterar la apariencia, la voz, los gestos o cualquier otro atributo de una persona real, de forma suficientemente convincente como para inducir a error sobre su identidad o acciones, con el potencial de afectar su honra o generar engaño.
