La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades en la contratación de funcionarios de Carabineros que se desempeñan como oficiales de justicia, tras una auditoría que revisó el cumplimiento de las jornadas laborales y las contrataciones adicionales realizadas durante 2024.El informe reveló que 36 abogados mantenían simultáneamente dos contratos de 22 horas semanales para desempeñar las mismas funciones, situación que contraviene la normativa vigente, la cual solo permite una contratación adicional cuando corresponde a labores distintas.
De acuerdo con la investigación, un total de 144 abogados ejercieron como oficiales de justicia durante el año pasado, percibiendo remuneraciones que en conjunto superaron los $5.540 millones. Sin embargo, 36 de ellos recibieron además más de $1.944 millones mediante contratos bajo la modalidad CPR, pese a desarrollar las mismas tareas que ya cumplían en su jornada habitual.
La auditoría también detectó deficiencias en el control de asistencia. En 23 de los 36 casos revisados no existían registros de ingreso, salida o sistemas de control horario, lo que impidió verificar si las jornadas laborales realmente se estaban cumpliendo.
Ante estos antecedentes, la Contraloría instruyó a Carabineros modificar las designaciones y futuras prórrogas de los contratos CPR para asegurar que las funciones adicionales sean diferentes a las desempeñadas como oficiales de justicia. Asimismo, planteó que, si las actuales 22 horas semanales resultan insuficientes para cumplir con las necesidades institucionales, corresponderá al general director de la institución actualizar la normativa interna que regula estas jornadas.
La revisión también puso la atención sobre actividades remuneradas externas. Cinco de los funcionarios con doble contratación emitieron boletas de honorarios a particulares por más de $43 millones durante 2024, mientras que, en total, 23 oficiales de justicia registraron ingresos adicionales superiores a $434 millones. Aunque estas actividades no constituyen necesariamente una infracción, la ausencia de controles de asistencia impide establecer si fueron realizadas fuera del horario laboral que debían cumplir como funcionarios públicos.
El informe agrega que se detectaron pagos en exceso a dos funcionarios por montos que superan los $9,9 millones en total. Por esta razón, la Contraloría anunció que iniciará las acciones ante el Juzgado de Cuentas para recuperar los recursos fiscales.
Finalmente, Carabineros deberá informar al organismo contralor los resultados del sumario administrativo iniciado para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados y adoptar las medidas correctivas exigidas por la auditoría.
