La investigación detectó el uso de recursos municipales para financiar gastos de un equipo profesional de básquetbol, pese a que los fondos estaban asociados a programas comunitarios. El caso se originó en una denuncia del concejal José Luis Núñez.
Un reparo por $164.917.391 en recursos municipales vinculados a Illapel Básquet formuló la Contraloría General de la República tras una investigación especial que examinó contratos, pagos y programas correspondientes a los años 2024 y 2025.
Junto con establecer el reparo, el organismo fiscalizador remitió los antecedentes al Ministerio Público para su análisis e instruyó procedimientos disciplinarios destinados a determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Cuestionamientos al destino de los recursos
La investigación tuvo su origen en una denuncia presentada por el concejal de Illapel José Luis Núñez, quien planteó dudas sobre el financiamiento del club deportivo y su relación con un programa municipal de carácter comunitario.
La situación también fue abordada en el Concejo Municipal, donde se expusieron los cuestionamientos durante la sesión N.º 67.
De acuerdo con los antecedentes difundidos sobre el caso, la Contraloría constató que se destinaron recursos municipales principalmente al pago de jugadores, integrantes del cuerpo técnico y otros gastos relacionados con el funcionamiento y la participación de un equipo profesional de básquetbol.
Estas erogaciones fueron observadas debido a que los fondos estaban vinculados a programas de orientación comunitaria, lo que motivó el cuestionamiento del organismo contralor respecto de su utilización.
Antecedentes quedaron en manos del Ministerio Público
La remisión de los antecedentes a la Fiscalía permitirá evaluar los hechos dentro del ámbito de sus competencias y determinar si existen elementos que ameriten otras actuaciones investigativas.
Paralelamente, los procedimientos disciplinarios instruidos deberán establecer si hubo funcionarios que incurrieron en eventuales faltas administrativas.
Es importante precisar que el reparo formulado por Contraloría no constituye una condena judicial ni acredita, por sí solo, la comisión de un delito. La determinación de eventuales responsabilidades penales corresponde a los órganos competentes, conforme avance la investigación.
El caso vuelve a poner en el centro de la discusión el control sobre el uso de los recursos públicos municipales y la necesidad de que su destino se ajuste a los objetivos y condiciones establecidos para cada programa.
