La diputada Carolina Tello ofició al Consejo de Defensa del Estado y Fiscalía Nacional ante el “inmovilismo” existente por el caso, que mantiene como principal responsable a la ex Intendenta de la UDI en la región, Lucía Pinto (En la imagen). La investigación sigue en manos de la Fiscal Claudia Perivancich.
Como se recordará, el Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso el martes 23 de agosto del 2023 una querella contra los dueños y representantes de las inmobiliarias que son investigadas por la presunta venta con millonario sobreprecio de seis bienes raíces comprados por el Gobierno Regional de Coquimbo, cuando Lucía Pinto (UDI) era la intendenta. Según el SII, con el fin de pagar menos impuestos las mismas empresas diseñaron una planificación tributaria que implicaba una división de sociedades y un aumento de capital ficticio.
La promesa para los residentes de La Serena sonaba atractiva: la ciudad contaría con un nuevo recinto deportivo, moderno y amplio. Pero ese proyecto -gestionado por el Gobierno Regional (GORE) de Coquimbo que encabezó la entonces militante de la UDI Lucía Pinto- ha hecho noticia principalmente por graves irregularidades. Primero, cuando se supo que el GORE pagó $9 mil millones por terrenos que costaban $485 millones, lo que generó una investigación del Ministerio Público que se conoce como “Papayagate”. Ahora, la noticia que está sacudiendo a los habitantes de la región es la denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII), que calculó en unos $900 millones la pérdida fiscal por un eventual incumplimiento tributario realizado por las mismas empresas inmobiliarias que participaron en la venta de los terrenos.
Es así como en la fecha mencionada, el SII presentó, en el Tribunal de Garantía de La Serena, una querella contra los representantes legales de las seis inmobiliarias que vendieron al GORE, en 2020, los bienes raíces con precios presuntamente abultados. Según anunció el ente tributario, la acción penal se dirige contra los empresarios Lorenzo Iduya y Nicolas Bakulic, además de los hermanos Karim y Manuel Alejandro Daire. Asimismo, el SII se querelló contra el abogado y asesor de los ejecutivos, Gastón Iver. Todos, por el presunto delito de haber ingresado declaraciones tributarias maliciosamente falsas respecto de las sociedades inmobiliarias Guayacán SpA., La Herradura SpA., La Serena SpA., El Faro SpA., Pan de Azúcar SpA. y Cerro Grande SpA.
Mecanismo
Según reveló en su momento Ciper, el mecanismo utilizado fue que en algún momento del primer semestre del año 2014, dice la querella, “las personas naturales controladoras de las sociedades accionistas de la empresa Inmobiliaria CPS S.A., decidieron llevar a cabo una planificación tributaria fraudulenta, mediante una reorganización empresarial”. Y, según detalla a continuación, este esquema planificado y eventualmente fraudulento se dividió en los siguientes seis pasos:
1) El 29 de julio de 2014, Luis Gastón Iver (el abogado), constituyó seis sociedades con un capital de sólo $500 mil cada una, todas controladas por él. Estas son:
Inmobiliaria Guayacán SpA.
Inmobiliaria La Herradura SpA.
Inmobiliaria La Serena SpA.
Inmobiliaria El Faro SpA.
Inmobiliaria Pan de Azúcar SpA.
Inmobiliaria Cerro Grande SpA.
2) Trece días después de la constitución de estas sociedades, el 11 de agosto de 2014, Inmobiliaria CPS se dividió en 12 sociedades y disminuyó su capital, entregando terrenos a seis de estas. Esos predios habían sido adquiridos en octubre de 2010 por Inmobiliaria CPS en $485 millones. Las seis sociedades son:
Rentas Inmobiliarias Lote G.S.A.
Rentas Inmobiliarias Lote Quince S.A.
Rentas Inmobiliarias Lote Dieciséis S.A.
Rentas Inmobiliarias Lote Diecisiete S.A.
Rentas Inmobiliarias Lote Setenta y Nueve S.A.
Rentas Inmobiliarias Lote Ochenta S.A.
3) Diez días más tarde de la división, se constituyó el Fondo de Inversión Privado (FIP) Cuatro Amigos, cuyo único socio es el abogado Gastón Iver, mientras que los querellados Iduya y Bakulic, junto a los hermanos Karim y Manuel Daire, eran sus representantes legales. ¿El capital del FIP? $481.757.000.
4) Al cabo de seis días, el 27 de agosto de 2014, Iduya, Bakulic, Karim y Manuel Daire, a través de otras empresas que también eran accionistas de Inmobiliaria CPS, compraron a Gastón Iver las seis inmobiliarias mencionadas en el paso número 1, es decir, con las que el abogado comenzó la operación. Hasta ese momento estas sociedades no tenían cuantiosos activos. Cada uno de los querellados se quedó con el 25% de las siguientes inmobiliarias compradas:
Inmobiliaria Guayacán SpA.
Inmobiliaria La Herradura SpA.
Inmobiliaria La Serena SpA.
Inmobiliaria El Faro SpA.
Inmobiliaria Pan de Azúcar SpA.
Inmobiliaria Cerro Grande SpA.
5) Con fecha 5 de septiembre de 2014, el FIP Cuatro Amigos, que seguía siendo de propiedad del abogado Iver, suscribió un aumento millonario de capital de las seis sociedades nacidas por la división de CPS y que habían recibido terrenos. El FIP, que había informado que constituyó con $481 millones, apareció aportando $3.610 millones a estas seis sociedades. “Se pudo constatar que no existió flujo efectivo de dinero, sino, que solo se trató de capital suscrito y no pagado”, dice la querella.
6) Iduya, Bakulic y los hermanos Daire, el 25 de septiembre de 2014, a través de las inmobiliarias que compraron al abogado y que iniciaron esta operación, pasaron a controlar el FIP Cuatro amigos, además de las sociedades hijas de Inmobiliaria CPS que poseían los terrenos y otras de los cuatro socios. El SII subraya que esta maniobra significó un monto de $4.112 millones, pero que no se pagaron en el acto, sino que se consignaron “por pagar”. El servicio señala que la fusión sería eventualmente “impropia”, permitiendo -dice su querella- “disminuir maliciosamente la base imponible del Impuesto de Primera Categoría”.
Hasta ahora, no hay personas formalizadas. Tal situación motivó a la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, a oficiar al Consejo de Defensa del Estado y Fiscalía Nacional, para que se acelere el proceso.
