En las propuestas, el informe sugiere a la Superintendencia del área iniciar la evaluación de la caducidad de las concesiones sanitarias de Aguas San Isidro en Los Vilos, Padre Hurtado y Temuco. Así como, fiscalizar y evaluar la caducidad en Quilicura. En el caso de Los Molles, recomienda finalizar la caducidad a través de la firma presidencial y comenzar un nuevo proceso de licitación.
La Sala de la Cámara aprobó, por 110 votos a favor y nueve abstenciones, el informe de la instancia (CEI 35) que indagó los actos del Gobierno respecto a los graves problemas sanitarios y ambientales generados por la Empresa de Servicios Sanitarios Aguas San Isidro (ESSSI).
El foco de la investigación se dirigió al ministerio y a la Superintendencia de Medio Ambiente, junto al Servicio de Evaluación Ambiental. Ello, para revisar los problemas generados por la ESSSI en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos. La instancia, además, sesionó en terreno en las localidades de Quilimarí, Los Molles y Temuco para escuchar a la comunidad y autoridades locales.
Entre las conclusiones, el informe menciona que existen omisiones administrativas en los órganos del Estado con competencias ambientales, por no dar respuesta ante infracciones ambientales y de salud pública denunciadas por la comunidad. Esto permite a la empresa tener una actuación irregular, de manera inmoral y con falta de ética, señala el texto.
Se indica que la empresa tampoco asume las responsabilidades ni las consecuencias que emanan de su funcionamiento, con acciones como el descargo de riles y de procesos de osmosis inversa. Prácticas, añade el informe, que generan un impacto sanitario y ambiental de grandes proporciones en humedales y en lugares con flora y fauna abundante.
Asimismo, no cumple con la obligación de tratar las aguas negras antes de enviarlas a los cauces naturales.
Multas y afectación de la salud
El texto da cuenta que la sanitaria no paga las multas por incumplimientos reiterados y mantiene permanentes procesos sancionatorios abiertos. De hecho, existen nueve abiertos en territorios como Los Molles, Padre Hurtado, Huertos Familiares, Labranza y Pillanlelbun.
Las numerosas denuncias presentadas por sus clientes hablan de malos olores y enfermedades gastrointestinales por presencia de minerales pesados en el agua. A su vez, lluvia de excrementos, falta de suministro, agua salada, contaminación de ríos y humedales. Puntos que se contraponen con la versión de las autoridades que señalan que todo está en orden.
Sobre las intoxicaciones masivas y daños irreparables a la salud de las personas, hay exámenes analizados en el extranjero y certificados que acreditan la contaminación del agua.
De esta manera, se reitera que existe una débil supervigilancia, control, fiscalización y sanción de las normas relativas a las prestaciones de los servicios públicos en materia de agua potable y alcantarillado hacia las concesiones de servicios sanitarios, por parte de los distintos organismos de Gobierno.
En especial, se critica el rol de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, del Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y los ministerios de Obras Públicas y de Salud, a través de sus respectivas Seremías.
A su vez, la falta de coordinación intersectorial de los servicios del Estado para manejar situaciones de emergencia de las comunidades atendidas por Aguas San Isidro, así como la ausencia de sanción por malas prácticas.
Finalmente, se sostiene que el modelo de negocios de las sanitarias no es sostenible en localidades con pocos habitantes.
Recomendaciones
En las propuestas, el informe sugiere a la Superintendencia del área iniciar la evaluación de la caducidad de las concesiones sanitarias de Aguas San Isidro en Los Vilos, Padre Hurtado y Temuco. Así como, fiscalizar y evaluar la caducidad en Quilicura. En el caso de Los Molles, recomienda finalizar la caducidad a través de la firma presidencial y comenzar un nuevo proceso de licitación.
Igualmente, indica que los antecedentes serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe tomar acciones legales contra la sanitaria.
En materia legislativa, propone modificar el DFL 382, Ley General de Servicios Sanitarios; la Ley General de Bases del Medio Ambiente y la Ley 21.595 sobre Delitos Económicos y Ambientales, entre otras.
Intervinieron sobre el tema las y los diputados Miguel Mellado (RN), Nathalie Castillo (PC), Henry Leal (UDI), Viviana Delgado (PEV), Camila Musante (IND), Carolina Tello (FA), Jorge Rathgeb (RN) y Claudia Mix (FA).
En su totalidad, las y los parlamentarios rechazaron el actuar de la empresa sanitaria que afecta a 30 mil clientes que están en riesgo de salud, por un servicio nefasto e ineficiente, y que tiene un prontuario de incumplimiento.
A su vez, criticaron la labor del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que aprueba sin objeción su funcionamiento. “Es una fiscalización administrativa que sólo revisa la documentación, no es social ni ambiental”, enfatizó la diputada Mix.
