En los últimos 4 meses un total de 400 mil chilenos están en riesgo de inseguridad alimentaria.
Con la llegada del COVID-19, el hambre asoma como una de las principales amenazas para las familias chilenas, según las últimas proyecciones entregadas por la FAO, las cifras de inseguridad alimentaria han aumentado considerablemente, afectando en un período de 4 meses a un total de 400 mil chilenos.
Bajo este escenario la necesidad de contar con un proyecto de ley que regule la distribución y donación de alimentos y prohíba la destrucción de estos cuando hayan perdido su valor comercial, pero que siguen siendo aptos para el consumo humano, toma más fuerza, considerando que cerca de un tercio se pierden en las distintas fases de la cadena productiva.
En ese sentido, el Ministro de Agricultura Antonio Walker, señaló que “en Chile hay una dicotomía importante. Hay un problema de obesidad y de malnutrición muy importante y, por otro lado, tenemos que hay una proyección de tener inseguridad alimentaria para un millón de personas. No podemos desperdiciar alimentos, este proyecto de ley tiene que ver en cómo evitar que se desperdicien los alimentos”, afirmó el ministro Walker.
Es así como el Ministerio de Agricultura en conjunto a la FAO, vienen desarrollando desde el año 2017, un trabajo enfocado en impulsar sistemas agroalimentarios sustentables, competitivos y de calidad, para esto se ha creado un Comité Nacional Para La Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en Chile, presidido por la Oficina de Políticas Agrarias, que tiene como desafío promover la creación de Bancos de Alimentos para prevenir la inseguridad alimentaria y fomentar iniciativas de apoyo a la sociedad.
En el país actualmente existen 45 bancos de este tipo, cuyo objetivo es rescatar alimentos y productos de higiene personal aptos para el consumo y uso humano, para distribuirlos entre organizaciones vulnerables, contribuyendo a reducir el hambre, a mejorar la nutrición y evitar el desperdicio de alimentos, proveyendo a más de 400 fundaciones, llegando a más de 300 mil personas.
Iniciativas que buscan ser replicadas en la Región de Coquimbo y que puedan ser respaldas con la aprobación de este proyecto de ley, que permita disminuir las cifras de pérdidas y desperdicio de alimentos, pero también que tenga como prioridad potenciar una seguridad alimentaria en la población.
“Si bien no existen aún cifras regionales en cuanto a la cantidad de alimentos que se pierdan o desperdician, hoy más que nunca debemos trabajar en fomentar políticas que otorguen una seguridad alimentaria a nuestra región. Las cifras que proyecta la FAO son muy preocupantes, pensando en que estaríamos llegando a 1 millón de personas en una situación de inseguridad alimentaria”, señaló el Seremi de Agricultura Rodrigo Órdenes.
La autoridad además señaló que es importante que este trabajo este basado en una línea de cooperación entre el sector público – privado, con el fin de impulsar iniciativas de donación de alimentos, “esta problemática nos afecta a todos, siempre ha estado presente, pero con la llegada del COVID-19 se ha visibilizado más, por lo que es muy importante recalcar que no debemos perder alimentos, hay un alto porcentaje de la población que está viviendo un momento complicado en el ámbito social y económico, porque debemos trabajar en conjunto todos los agentes necesarios, ya sean público o privados, para impulsar un sistema de donación, que mitigue los efectos del hambre en nuestra población”.
