A 14 años del histórico reconocimiento del agua como derecho humano esencial por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la situación en Chile pone en evidencia graves incumplimientos en su protección. Activistas y organizaciones denuncian que la gestión privatizada del recurso ha conducido a violaciones sistemáticas de este derecho fundamental, afectando tanto a comunidades como a ecosistemas estratégicos.
En una carta dirigida a varios Relatores Especiales de las Naciones Unidas, la defensora ambiental y de derechos humanos de la Provincia de Petorca, integrante de Protege los Molles y de la Coordinadora Nacional contra Aguas San Isidro, Barbara Astudillo Delgado, expuso la responsabilidad del Estado chileno en esta crisis. La misiva subraya los impactos negativos de la empresa Aguas San Isidro, que opera 14 concesiones en cinco regiones del país y enfrenta múltiples sanciones por prácticas negligentes.
Crisis Hídrica: Impacto en Comunidades y Ecosistemas
Aguas San Isidro ha sido acusada de afectar la calidad y cantidad de agua suministrada, lo que ha provocado daños significativos en humedales y otros ecosistemas clave. Según denuncias, estas áreas protegidas han sufrido una contaminación que compromete su biodiversidad y capacidad para mitigar el cambio climático.
Entre los casos más alarmantes destaca la intoxicación de una familia en Labranza, Temuco, incluidos dos menores de edad, debido a la contaminación del suministro. Este episodio ilustra los riesgos para la salud y el bienestar de las comunidades que dependen de una gestión hídrica eficiente y
Llamado a la conciencia
El activista ha instalado al Gobierno chileno a establecer un plan de contingencia que ponga fin a las concesiones de empresas como Aguas San Isidro, apostando por un modelo de gestión comunitaria y participativa. También solicitó la intervención del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez para garantizar la protección de las familias afectadas.
Además, se resaltó la urgencia de implementar el Acuerdo de Escazú, un tratado que promueve la justicia ambiental y la participación ciudadana. La falta de acciones concretas, advierten los activistas, perpetúa una crisis que pone en peligro no solo los derechos humanos, sino también el futuro ambiental de Chile.
Hacia una gestión del agua basada en derechos
El caso de Chile evidencia los desafíos de garantizar el acceso equitativo al agua en un contexto de gestión privatizada. Organizaciones y comunidades insisten en la necesidad de un diálogo entre el Estado y la sociedad civil para desarrollar políticas efectivas que prioricen los derechos humanos sobre los intereses económicos.
“Seguiremos exigiendo justicia y golpeando todas las puertas necesarias para proteger este derecho esencial para la vida”, concluyó la defensora, reiterando el compromiso de los movimientos sociales en la lucha por un acceso justo al agua en Chile.
Costo de vida
Por último Barbara Astudillo, denuncia el costo que le ha significado su lucha en defensa del agua, manifestando su preocupación “por la vulneración de mi vida y la de otros al defender el derecho al agua. Recientemente, hemos presentado información a los Procedimientos Especiales de las Relatorías de Derechos Humanos sobre la intoxicación sufrida por una familia de labranza debido a los malos procedimientos de la empresa Aguas San Isidro. Este lamentable incidente subraya la urgente necesidad de proteger el derecho humano al agua, un recurso esencial para la vida y la dignidad humana”.
Resalta que es imperativo que los organismos competentes tomen en serio este llamado y respeten los acuerdos internacionales y las políticas internas que regulan el funcionamiento de las empresas en el sector del agua.
“La reiterada vulneración de derechos por parte de Aguas San Isidro no puede ser ignorada. Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que se cumplan las normativas que protegen a las comunidades afectadas. Instamos a que se realicen investigaciones exhaustivas sobre este caso y se implementen medidas efectivas para prevenir futuros incidentes, asegurando así el respeto por los derechos humanos fundamentales. La protección del acceso al agua es un deber ineludible, y es vital que se tomen acciones concretas para salvaguardar este derecho esencial para todos”, concluyó.
La ONU responde: “Chile debe dar prioridad a los derechos al agua y la salud antes que a los intereses económicos”
El relator especial sobre los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento de la ONU, Leo Heller, respondió la denuncia que realizó la activista de Petorca, Bárbara Astudillo, sobre la omisión del Estado en garantizar acceso al agua y saneamiento en zonas de escasez hídrica, y solicitó al Gobierno que priorice los derechos del agua y la salud por sobre el uso de plantaciones de palta y producción de electricidad.
En el informe, el Alto Comisionado señaló que “el Gobierno chileno no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud”, como el negocio de la palta y el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.
Como antecedente, debido a la escasez extrema de agua, el Gobierno declaró el año pasado el estado de emergencia en Petorca, localidad donde un palto consume tres veces la cuota de 50 litros diarios que se suministra a los habitantes a través de camiones aljibe. Al respecto, Heller indicó que esta cuota “no es suficiente para cubrir las necesidades domésticas usuales durante una pandemia” y añadió que “el Ministerio de Salud de Chile recomienda el lavado de manos como una de las maneras más efectivas para prevenir la propagación del COVID-19, por lo que el Gobierno debe garantizar un suministro de agua adecuado para todas las personas y asegurarse de que las empresas no socaven la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones”.
A lo anterior se suma que en abril de este año, el Ministerio de Salud aprobó una resolución que incrementa la cuota a 100 litros diarios por persona en la Provincia de Petorca, pero que fue revocada días después. Para Heller, el Gobierno sigue otorgando nuevos derechos de agua a empresas agrícolas y no ha logrado controlar el uso ilegal y excesivo de agua en la agroindustria de la palta.
Sobre esto se refirió la activista eco-feminista por Petorca, Bárbara Astudillo, quien envió la misiva al Alto Comisionado y presentó durante estos meses varias acciones judiciales y recursos junto a la comunidad y a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, para garantizar el acceso al agua y la protección de los derechos humanos de los habitantes de la provincia:
“Hoy un experto de la ONU ha dicho lo que todos y todas en el territorio de Petorca venimos diciendo hace décadas, el Estado de Chile no puede ni debe priorizar el uso del agua en la industria de la palta por sobre la vida de las comunidades. Es evidente que en Chile el uso privado de las aguas ha generado una crisis hídrica que se ve representada en los números que vemos, mientras el 96% del agua es utilizado por industrias, tan sólo el 4% lo es en la población, lo que genera que el agua potable de alcantarillado sea un privilegio”, expresó.
“Acá se sobrevive con menos de 50 litros diarios por persona, los que vienen en camiones aljibes, porque el agua de nuestra zona es utilizada para la producción de palta a gran escala y aquello el Estado no solo lo ha dejado, sino que lo ha invisibilizado detrás de una sequía, cuando el mayor problema es el saqueo que vivimos del agua en nuestro territorio de la Provincia de Petorca», puntualizó Astudillo.
