La Cámara de Diputados ha establecido la Comisión Investigadora por Aguas San Isidro, la cual sesiona cada lunes de 19:15 a 20:15. En esta ocasión, la comisión se trasladará al terreno en la zona central del país, donde se encuentra la concesión de la polémica sanitaria San Isidro, objeto de múltiples denuncias por problemas sanitarios y ambientales, especialmente relacionados con la mala calidad del agua suministrada a sus habitantes y el proceso y procedimiento de sus funciones.
Comenzando este 5 de abril, la jornada será doble en las regiones de Coquimbo. Por la mañana, desde las 11:00 horas, se llevará a cabo en la Sala de Reunión del colegio Teresa Cannon de Quilimarí, ubicado en la Calle Carlos Aguilera s/n Quilimari. Posteriormente, a partir de las 15:00 horas, se realizará en la localidad de Los Molles, Comuna de La Ligua, en la región de Valparaíso, en la junta de Vecinos del sector ubicada en el Pasaje Casuto sin número.
Esta comisión tiene como objetivo reunir información sobre las acciones del Gobierno, especialmente del Ministerio de Medio Ambiente; la Superintendencia de Medio Ambiente; el Servicio de Evaluación Ambiental; el Ministerio de Obras Públicas; la Superintendencia de Servicios Sanitarios; el Ministerio de Salud y sus respectivas secretarías regionales ministeriales.
En esta cita, que es un hito importante para las comunidades afectadas, estarán presentes las distintas autoridades de la región con competencia en salud pública y medio ambiente. La coordinadora contra Aguas San Isidro espera obtener respuestas sobre las distintas decisiones que han afectado la vida y los ecosistemas.
Fernando Arzola, Dirigente del sector, indicó que ” es momento que las instrucciones del Estado, encargadas de fiscalización, den respuesta, pero con la verdad, no como hasta ahora, encubriendo las malas prácticas de la empresa. y cito a la Superintendencia de Servicos Sanitarios y su superintendente, los cuales han quedado expuestos con una defensa corporativa de la empresa con sus propias respuestas por transparencia“.
En esa línea, Jéssica Pizarro Dirigente y Representante de la ONG Quilidangui, precisó que “Los funcionarios públicos encargados de entregar la información fidedigna de lo que ocurre en cada territorio carece de probidad!!! No podemos dejar que maltraten, denosten y no respeten los derechos humanos y derechos medioambientales de todos los territorios. Ante la cantidad de pruebas entregadas en este conflicto y el transcurso de irregularidades ocasionadas por Aguas San Isidro-ESSSI por más de 15 años a la fecha, es algo sin precedentes, no entendemos cómo ningún ente fiscalizador no informe de manera responsable y seria al respecto sobre el fuerte y grave daño ocasionado a cada territorio. Esperamos con el informe y la potestad de esta CEI llegar al Presidente de la República para poder caducar dicha concesión”.
Por su parte, Bárbara Astudillo, de la Fundación Protege Los Molles, señala que “La evidencia experiencia de campo demuestra que el Decreto Supremo 90, que tiene por objeto regular la descarga de contaminantes hacia cursos de aguas marinas y continentales superficiales mediante la fijación de límites máximos permisibles para la descarga de residuos líquidos, previniendo así la contaminación de dichos cuerpos de agua, no es suficiente. Producto de esto, se suma a la escasez hídrica la contaminación de las aguas, como otra arista de los problemas de este modelo de administración, uso y gestión, que avala que el destino del recurso y las inversiones de su tratamiento sean definidos sólo según criterios económicos, con escasa consideración de los aspectos sociales o ambientales”.
En este escenario -agregan- urge que el Estado tome un rol activo en la modernización de los servicios sanitarios y eleve los estándares de calidad e inocuidad del elemento vital. Se requiere urgente inversión en infraestructura con especial foco en el resguardo de la calidad del agua para consumo y el saneamiento de las aguas vertidas, para que el comité interministerial le dé aplicabilidad a la capacidad del tratado de Escazú.
“Enfatizamos en promover y aplicar un estado de derecho o fortalecer capacidades para una política eficiente. Los funcionarios de organismos de Estado no pueden traficar el poder que se les otorga para omitir la toma de decisiones que vulneraría los derechos humanos y los asuntos ambientales”, señalan las dirigentes.
Pía Sánchez, Secretaria del Cabildo Ciudadano de Los Molles y delegada ante el COSOC de la comuna de La Ligua, precisa que “hace años venimos reclamando por el mal servicio de esta empresa a nuestra comunidad. También hemos denunciado ante diversas autoridades que las operaciones de su planta desalinizadora y de su planta de tratamiento de aguas servidas está produciendo un daño irreversible a nuestro medio ambiente: el humedal de Los Molles está desapareciendo por efectos del derrame de salmueras y lodos activados en su lecho. Ninguna de estas acciones ha tenido un resultado positivo: esperamos que como resultado de esta Comisión las autoridades tomen acciones efectivas para detener estos abusos y este ecocidio”.
Es a raíz de esto que el objetivo de la Comisión Especial Investigadora, es determinar cuáles han sido las acciones que ha tomado el Gobierno para proteger a las comunidades de esta planta, “que a todas luces atenta contra la vida humana y el medio ambiente“, agregan.
La ejecución de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales 21.595 cómo poner fin a la concesión en las cinco regiones, impulsa la Coordinadora Nacional contra Aguas San Isidro tras largos procesos como sociedad civil demostrando las ineficiencias de la empresa con la omisión del Estado, según afirman las convocantes.
