Tras horas de conversaciones, el consejo decidió rechazar la iniciativa destinada a realizarse en La Higuera, en la región de Coquimbo. “Estamos muy seguros de que aquí se tomó una decisión robusta basada en evidencia técnica”, aseguró la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.
Este miércoles, el proyecto minero-portuario Dominga fue sometido al juicio del Comité de Ministros, quienes evaluaron su futuro.
Tras horas de conversaciones, el consejo decidió rechazar la iniciativa destinada a realizarse en La Higuera, en la Región de Coquimbo.
El Comité fue presidido por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y contó con la participación de los ministros de Salud, Ximena Aguilera, Economía, Nicolás Grau, Energía, Diego Pardow, Minería, Marcela Hernando, y Agricultura, Esteban Valenzuela.
La ministra Rojas sostuvo que “tuvimos a la vista todos los informes técnicos existentes, además del análisis y recomendaciones de la oficina de reclamaciones del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental). En base a eso, de forma unánime, resolvimos acoger las 12 reclamaciones, quedando con una evaluación desfavorable el proyecto”.
“Las reclamaciones tienen que ver con varios aspectos; muy sustantivamente vida marina, áreas de influencia, impacto de la desaladora y también sobre la mina misma, asociado a la calidad del aire y riesgo de contaminación del agua”, agregó.
“La evaluación se hizo con base en múltiples aspectos e informes que fueron considerados, así que es una evaluación bien robusta técnicamente”, dijo la secretaria de Estado, quien recalcó que “estamos muy seguros de que aquí se tomó una decisión robusta basada en evidencia técnica“.
Razones técnicas para el rechazo
Respecto al rechazo del Comité de Ministros al proyecto minero Dominga, vale bien analizar cuales fueron las razones técnicas que CiperChile, por ejemplo, detalló en un reportaje
La instalación de un puerto y el tránsito sostenido de embarcaciones mayores a través del tiempo, impactaría de manera irreversible un sector caracterizado por ser hábitat de alimentación y descanso de muchas de las especies que se encuentran protegidas dentro de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt [DTO.Nº: 4/1990] y de la Reserva Marina Isla Choros y Damas [DTO.Nº: 151/2005], afectando la integridad de estas áreas protegidas y la viabilidad biológica de sus poblaciones. Sólo a modo de ejemplo, una gran cantidad de especies que actualmente habitan en el archipiélago se encontrarían altamente amenazadas de desaparecer en el corto plazo junto a este ecosistema, como el pingüino de Humboldt [Pingüino de Humboldt], dado que más del 80% de su abundancia a nivel mundial se concentra en este ecosistema marino-costero, así como el 90% de la población mundial del pato yunco [Pelecanoides garnotii] y la única colonia residente del delfín nariz de botella [Tursiops truncatus] en el país. De esta manera, de continuarse con este proyecto se atenta contra la biodiversidad local y la sustentabilidad pesquera de las comunidades.
Pese a que Dominga fue rechazado en 2017 por la Comisión de Evaluación Ambiental [COEVA] por sus graves deficiencias técnicas, Andes Iron SpA, su titular, fue capaz de revertir esta decisión luego de cuatro años en instancias judiciales. Se aprobó el 24 de agosto de 2021, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Organizaciones sociales y medioambientales reclamaron ante el Comité de Ministros para revertir esta decisión.
A continuación las razones por las cuales se solicitaba el rechazo al proyecto Dominga:
(1)
El principal motivo contra el proyecto tal cual fue evaluado es que sus antecedentes técnicos son insuficientes y no permiten evaluar correctamente cuáles serán los impactos socio-ambientales que genere, tanto en su etapa de construcción como de operación.
Debido a esto, al momento de ser aprobado el proyecto el año 2021, tanto las organizaciones sociales como la comunidad científica, e incluso los funcionarios públicos, mostraron gran asombro y decepción por parte del funcionamiento del proceso de evaluación de impacto ambiental y su institucionalidad. Es así cómo la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Medioambiente [ANFUMMA], la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental [ANFUSEA] y la Federación Nacional de Trabajadores Públicos del Medioambiente [FENATRAMA] exigieron respeto y consideración a la mirada técnica de los trabajadores públicos de los servicios con competencia ambiental, quienes en diversas instancias y desde el primer momento en que el proyecto ingresó a evaluación, han manifestado claramente y de manera sistematizada cada una de sus deficiencias, las que fueron totalmente ignoradas para ceder a las influencias políticas del gobierno de turno [FENATRAMA 2021; elmostrador.cl 2021; ANEF 2021].
(2)
Ad portas de la definición del Comité de Ministros, los organismos técnicos con competencia ambiental, como la Subsecretaría del Medio Ambiente [ORD.Nº: 225175], CONAF [ORD.Nº: 317/2022], SAG [ORD.N°: 2534/2022], SUBPESCA [Oficio Nº: 926/2022] y el Ministerio de Salud [ORD.B23/Nº: 4987/2022] han redactado informes y pronunciamientos lapidarios para el proyecto. En estos pronunciamientos se observa, entre otras cosas, que:
2.1. el proyecto no aporta los antecedentes necesarios para evaluar correctamente los impactos contemplados en el literal b del artículo 11 de la ley 19.300, en relación a la estimación de sus emisiones atmosféricas. Esto, dado que no es posible establecer que todas las fuentes de emisión hayan sido incluidas en los datos de entrada del modelo de dispersión atmosférica, al no detallarse las fuentes consideradas para definir los escenarios de modelación de las fases de construcción y operación del proyecto;
2.2. el proyecto establece la no significancia de los impactos en cuanto a contaminación atmosférica utilizando normativas que actualmente no se encuentran vigentes, como es la norma primaria de calidad para material particulado respirable MP10, cuya actualización va dirigida a aumentar los estándares de salud de la población;
2.3. el proyecto cuenta con una línea de base insuficiente para caracterizar la totalidad de las especies protegidas del medio marino, y, por lo tanto, una definición inadecuada del área de influencia, lo cual desestima toda base científica. De igual manera, no se incorpora satisfactoriamente el área de influencia del proyecto en torno a sus rutas de navegación, lo que no permite descartar impactos significativos en los ecosistemas protegidos Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y Reserva Marina Isla Choros y Damas, cuya evaluación fue eludida reiteradamente por el titular durante todo el proceso;
2.4. el análisis de impactos a la fauna marina se restringe sólo en función de posibles colisiones, sin considerar funciones clave como son la afectación directa e indirecta a sitios de alimentación, reproducción, y de desplazamiento, posible de generar extinciones locales en el corto plazo;
2.5. el proyecto presenta carencias en la estimación y modelamiento de las emisiones de ruido subacuático, tanto para el hincado de pilotes como del tráfico marítimo, lo que imposibilita dimensionar la magnitud e intensidad del espacio geográfico impactado;
2.6. no se evalúan los impactos sinérgicos y acumulativos en la fauna marítima con el proyecto Puerto Cruz Grande, con el cual existen solapamientos en el área de influencia;
2.7. el plan de manejo, que considera el rescate y aviso a centros de rehabilitación de fauna, no es suficiente para mitigar el impacto generado a la fauna, ni mucho menos para responder oportunamente a eventos de afectación masiva a la fauna marina, los que se espera pueden ocurrir por eventos de contaminación por hidrocarburos y por colisiones con embarcaciones; y
2.8. finalmente, la línea de base fue realizada hace diez años, por lo que se desconoce cuál es el estado actual del ecosistema, así como la naturaleza y magnitud de los impactos que se podrían llegar a generar en la actualidad. Muchas de las metodologías de evaluación de impacto, como los método de mitigación, reparación y compensación propuestos, se encuentran obsoletas.
Visiones divididas
Parlamentarios de la Región de Coquimbo, manifestaron posiciones distintas en torno a la determinación adoptada por el Comité de Ministros.
Mientras que la Diputada Comunista, Carolina Tello, manifestó su total conformidad a la resolución, el senador ex DC, Matias Walker, emplazó al Presidente Gabriel Boric a hacerse cargo de la comuna de La Higuera, donde sería emplazado el proyecto: