Cabildo, Provincia de Petorca.- La comunidad de Artificio ingresó formalmente una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) solicitando que el proyecto minero “Mina Mono 1-50” sea sometido obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), al estimar que existirían antecedentes suficientes de posible elusión a la normativa ambiental vigente.
La acción fue presentada por la especialista ambiental Bárbara Astudillo Delgado junto a la Junta de Vecinos Paradero 4, y dirigida a la Superintendenta de la SMA, Marie Claude Plumer, solicitando además que se adopten medidas provisionales que impidan cualquier inicio de faenas mientras no exista evaluación ambiental previa.
Proyecto minero en zona de escasez hídrica
El proyecto “Mina Mono 1-50” contempla explotación subterránea mediante tronaduras, operación de chancador primario móvil y transporte continuo de aproximadamente 4.500 toneladas mensuales de caliza durante un período estimado de cinco años, en suelo rural de la comuna de Cabildo, provincia de Petorca, territorio que enfrenta una crisis hídrica estructural desde hace más de una década.
La faena se emplazaría a cerca de 930 metros de viviendas y a aproximadamente 700 metros del estanque del Servicio Sanitario Rural que abastece a alrededor de 600 personas, lo que ha generado preocupación por los posibles efectos sobre la salud, la calidad de vida y la infraestructura comunitaria.
Según la denuncia, concurrirán hipótesis del artículo 11 de la Ley 19.300 y su Reglamento (DS N°40/2012), tales como riesgo para la salud de la población, afectación significativa de recursos naturales renovables y alteración de sistemas de vida rurales.
Asimismo, se señala que la aprobación sectorial otorgada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) se limita a materias de seguridad minera y no reemplaza la evaluación ambiental exigida por la legislación vigente, según explicó Barbara Astudillo
“En un territorio con estrés hídrico estructural como Petorca, no es aceptable que se pretenda instalar un proyecto minero sin evaluación ambiental previa. El principio preventivo obliga al Estado a actuar antes de que el daño ocurra, no cuando ya es irreversible. El ingreso al SEIA no depende únicamente del volumen de extracción declarado. Aquí existen tronaduras, emisiones de material particulado, tránsito intensivo de camiones y cercanía a población. Basta uno de los efectos del artículo 11 de la Ley 19.300 para que la evaluación sea obligatoria”, señaló Astudillo.
La especialista ambiental denunció que “ausencia de una Consulta de Pertinencia Ambiental impidió que el Servicio de Evaluación Ambiental se pronunciará formalmente sobre la obligación de ingreso. Eso limita la participación ciudadana y debilita la institucionalidad ambiental”.
Indicó que Chile ratificó el Acuerdo de Escazú, que garantiza acceso a la información, participación pública efectiva y justicia ambiental. “En zonas vulnerables, esos estándares deben aplicarse con mayor rigor, no con menor exigencia”, precisó.
Voz de la comunidad
Cristopher Ramos, presidente de la Junta de Vecinos Paradero 4, afirmó que la comunidad ha trabajado durante años para mejorar su infraestructura y condiciones de vida.
“Hemos logrado pavimentación, mejoras en seguridad vial y fortalecer nuestro sistema de agua potable rural. Todo ha sido fruto de esfuerzo comunitario. No vamos a permitir que ese avance se ponga en riesgo por un proyecto que no ha sido evaluado ambientalmente”.
Enfatizó que “No estamos en contra del desarrollo, pero exigimos que se cumpla la ley. Esta faena debe ser evaluada considerando su impacto real en nuestras familias, nuestras quebradas y nuestro entorno”.
Solicitudes a la SMA
La denuncia ingresada ante la SMA solicita:
● Determinar la obligación de ingreso del proyecto “Mina Mono 1-50” al SEIA.
● Adoptar medidas provisionales para impedir el inicio de faenas mientras no exista evaluación ambiental.
● Garantizar participación ciudadana efectiva y transparencia en el proceso.
Desde Artificio señalaron que continuarán ejerciendo todas las acciones administrativas y legales necesarias para resguardar el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, enfatizando que en una provincia afectada por la escasez hídrica la prevención ambiental no es una opción política, sino una obligación del Estado.
