Se trata del informe final de investigación especial Nº 345-18, que cuenta sobre presuntas irregularidades en la entrega de ayuda y ejecución de proyectos derivados del terremoto del año 2015, ocurridas en la Municipalidad de Illapel en noviembre del 2018.
El trabajo realizado por el órgano Contralor estuvo centrado en la revisión del uso de los recursos transferidos por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE y por el Ministerio de Educación, MINEDUC, en el contexto de la situación de catástrofe derivada del terremoto del 16 de septiembre de 2015, al tenor de las denuncias presentadas por la concejal Janet Araya, quien solicitó que se investigara si existió un adecuado registro de los gastos y control de los recursos y si fueron ejecutadas la totalidad de las obras, entre otras.
Asimismo, fue verificar los hechos denunciados por los señores concejales de ese municipio, relativo a la entrega de ayuda por parte de la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, con ocasión del sistema frontal que afectó a la comuna de Illapel en el mes de mayo de 2017, la que habría sido destinada a personas distintas a las afectadas por dicho evento.
Conforme a la revisión de los decretos de pago N°s. 6.429, de 2015, 4.934, de 2016 y 117, de 2017, por un total de $10.906.350, asociados a los contratistas y Empresa de servicios generales Cojoa S.P.A., por el pago de demolición total o parcial de viviendas, asimismo del examen del decreto de pago N° 566, de 2016, por $ 4.300.000, correspondiente a la habilitación de 20 viviendas de emergencia, la Contraloría detectó la falta de un listado de beneficiarios que sustenten los referidos desembolsos.
De igual manera, se determinó que a través del decreto de pago N’ 5.716, de 2015, por un monto de $ 42.001.936, se efectuó el pago a la empresa Ingeniería y Construcción Gerardo Antonio López Tapia E.I.R.L., por el servicio de demolición de 26 inmuebles, advirtiéndose en las validaciones en terreno efectuadas, que a las viviendas de cuatro beneficiarios, no se realizó el referido servicio, las que fueron consideradas en el citado registro que sustenta el pago, asociadas a un monto total de $5.998.269.
Asimismo, se constató que si bien las personas que se detallan en el anexo N° 4, recibieron ayuda con motivo del sistema frontal de mayo de 2017, es decir caja de alimentos, colchón y/o frazadas, aquellas no contaban con Ficha Básica de Emergencia, FIBE, contraviniendo lo dispuesto en la Guía de Aplicación de la Ficha Básica de Emergencia, aprobada mediante el decreto N° 697, de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, “por lo que ese municipio, sin perjuicio de las acciones de control que debe emprender, remitirá la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República, en un plazo no superior a 15 días hábiles contados desde la recepción del presente informe, el decreto alcaldicio que instruye el procedimiento disciplinario informado en su respuesta”, señala el documento.
Tras las verificaciones en terreno y declaraciones respectivas, se constató además que, entre quienes efectuaron la entrega de la referida ayuda, se encontraba el hijo del actual Alcalde y ex candidato a diputado por el séptimo distrito, Denis Cortés Aguilera, lo cual, siendo de público conocimiento que en el mes de noviembre de 2016, el señor a renunció como Consejero Regional por la provincia del Choapa, para formalizar una candidatura a diputado para las elecciones parlamentarias del año 2017.
La Contraloría establece que no resulta procedente que el Alcalde lo hiciera participe en la entrega de la ayuda municipal, pues aquello constituye una infracción al artículo 62, N°s. 3 y 4, de la ley N° 18.575, el cual preceptúa que contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros y ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 73.040, de 2009; 45.798, de 2011; 58.901, de 2012 y 57.200 de 2013, de esta Contraloría General).
En razón de lo anterior, esta Contraloría Regional, anunció que instruirá un procedimiento disciplinario a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran estar comprometidas.
Respuesta del municipio
Conocido el informe el pasado 30 de noviembre, el alcalde de Illapel, Denis Cortés Vargas, instruyó un sumario administrativo el 10 de diciembre de 2018 para verificar y esclarecer los hechos observados por el informe 345 y determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados, ya que en la época, según se informó, existió un encargado comunal de reconstruccion y recuperación de Illapel, quien coordinaba y gestionaba el trabajo de los funcionarios y el uso de los recursos.
En relación a las restantes observaciones, la Municipalidad de Illapel, aportó nuevos antecedentes de acuerdo al oficio 1991 del 21 de diciembre de 2018 y solicitó la reconsideración de las observaciones formuladas, ya que el plazo otorgado para responder al pre informe, fue muy breve. Por ejemplo en el caso de no aplicación de fichas Fibe, existía una instrucción de Onemi de no efectuarlas.
“Finalmente como municipio siempre serán bienvenidas las observaciones cuando nos permitan mejorar los procesos internos y también es importante señalar que éstas fueron efectuadas a la municipalidad no en un escenario normal, sino cuando se hacia frente a una catastrofe’, precisó el edil.
