El reciente informe policial que descartó por completo la existencia de los supuestos “audios clave” que involucrarían al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el denominado Caso Luminarias —o Caso LED— no solo marca un hito en la investigación judicial; también expone, con crudeza, la mala práctica informativa que se ha ido normalizando en parte relevante del ecosistema mediático chileno. Entre ellos, el diario La Tercera destaca por su protagonismo en instalar, amplificar y sostener una narrativa que hoy se desmorona ante la evidencia técnica.
Durante meses, la opinión pública fue bombardeada con filtraciones selectivas, interpretaciones interesadas y titulares que transformaron meras hipótesis en certezas anticipadas. Se instaló la idea de que existían grabaciones irrefutables, conversaciones definitivas, “audios perdidos” que —según se sugería— el propio alcalde habría hecho desaparecer. Se levantó, sin pruebas concluyentes, la sombra de la corrupción como una condena previa. La sospecha se convirtió en sentencia.
Hoy, gracias al Informe Policial Nº 20250535477/00390/ de la Brigada Anticorrupción Metropolitana, sabemos que nada de eso era cierto. Los 94 archivos de audio sometidos a análisis no contienen voces atribuibles a Jadue, ni a funcionarios municipales, ni información relacionada con los hechos investigados. La conclusión de la PDI es categórica: no hay vínculos, no hay registros, no hay evidencia.
Y sin embargo, el daño ya está hecho.
La condena antes del juicio: una práctica que amenaza la democracia
Lo ocurrido con este caso es un ejemplo preocupante de cómo ciertos medios han adoptado un rol que excede con creces el mandato del periodismo: no informar, sino moldear anticipadamente el veredicto social. Cuando un medio de gran alcance como La Tercera publica filtraciones sin contexto, interpretaciones sin sustento o inferencias que presentan una tesis investigativa como hecho consumado, no solo altera la percepción pública: interfiere directamente en la justicia.
Se sustituyó la prudencia por el espectáculo. La verificación por la especulación. El rigor por la prisa del titular.
La investigación del Caso LED fue compleja: archivos encriptados, ausencia de metadatos, miles de registros recuperados desde sistemas digitales antiguos. En ese escenario, La Tercera y otros medios tomaron un insumo preliminar —la existencia de archivos con “similitud” acústica— y lo transformaron en la promesa de una bomba política inminente. Esa operación comunicacional instaló un prejuicio: si hay audios, hay culpabilidad; si están perdidos, es encubrimiento.
Nada de eso ocurrió.
Pero la corrección llega tarde. Y llega, como siempre, sin el mismo estruendo con el que se difundió la acusación.
La responsabilidad que los medios eluden
No es primera vez que el periodismo chileno incurre en este patrón: filtrar, amplificar, insinuar, presionar… para luego guardar silencio cuando las pericias técnicas o los tribunales descartan lo difundido. O, en el mejor de los casos, relegar el desmentido a una nota menor, tímida, sin reconocimiento de responsabilidad.
Esa conducta erosiona no solo la credibilidad de los medios, sino la confianza en las instituciones, en la justicia y en la política. Y cuando la prensa deja de ser un contrapeso para transformarse en un actor político más —sin transparencia, sin rectificación, sin ética— la democracia pierde un pilar fundamental.
El caso Jadue no es, entonces, solo un episodio judicial: es un espejo incómodo para un periodismo que hace tiempo viene recurriendo a la espectacularización de la sospecha como estrategia editorial. El daño reputacional, políticos o sociales, no puede ser una externalidad aceptable del negocio informativo.
La lección: sin evidencia, no hay noticia
La investigación tardó más de siete años en reconstruir evidencia, procesar información y someter a pericias archivos digitales complejos. La prensa, en cambio, necesitó apenas minutos para impulsar titulares que insinuaban culpabilidad.
Hoy, la PDI clarifica lo que siempre debió haberse esperado antes de instalar cualquier narrativa: los audios no existen, las conversaciones no aparecen, la tesis no se sostiene.
Esta brecha entre la urgencia mediática y el rigor investigativo es, quizás, una de las crisis más profundas del periodismo chileno. Y mientras no se asuma esa responsabilidad —mientras medios como La Tercera no reconozcan el peso que tiene la publicación irresponsable— casos como este seguirán repitiéndose.
La libertad de prensa no es un cheque en blanco: exige precisión, ética, contexto y responsabilidad. Lo ocurrido con Daniel Jadue es una advertencia que no debiera pasarse por alto. Porque cuando la prensa condena antes que la justicia, todos —sin importar nuestra postura política— quedamos expuestos a la arbitrariedad del titular fácil.
La pregunta es si los medios aprenderán la lección… o si seguirán alimentando un modelo donde la verdad importa menos que el impacto.
Por el bien del país —y del periodismo mismo— uno solo puede esperar que la respuesta sea la primera.
