La decisión de Estados Unidos de imponer sanciones —en este caso, restricción de visas— contra el Ministro de Transportes, el subsecretario de Telecomunicaciones y otro funcionario de Subtel, marca un punto de inflexión en la política exterior chilena. El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien acusó a las autoridades de haber “comprometido infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionado la seguridad regional en nuestro hemisferio”.
El trasfondo es evidente: el proyecto de cable submarino que busca conectar directamente a China con Chile, una iniciativa estratégica que no solo implica transferencia de datos, sino soberanía digital, proyección geopolítica y desarrollo tecnológico.
Aquí es donde la discusión deja de ser técnica y se convierte en política de Estado.
Chile es un país abierto al mundo. Su modelo económico se ha construido sobre la base de tratados de libre comercio con potencias diversas, incluyendo a Estados Unidos y China. De hecho, el gigante asiático es hoy el principal socio comercial de nuestro país, particularmente en la compra de cobre, el corazón de nuestra economía. ¿Puede una nación soberana negociar infraestructura tecnológica con un socio comercial sin que eso sea interpretado como una amenaza por otra potencia?
El mensaje que subyace en la decisión estadounidense es delicado: no se trata solo de cuestionar un proyecto de telecomunicaciones, sino de establecer líneas rojas geopolíticas en el hemisferio. Y ahí surge la preocupación mayor. Si hoy se sanciona a autoridades por un cable submarino, ¿mañana se presionará para limitar exportaciones estratégicas? ¿Podría decirse algún día “no vendan cobre a China” porque afecta la seguridad regional?
El riesgo es claro: pasar de un desacuerdo técnico a una disputa diplomática que condicione decisiones soberanas. Y eso es precisamente lo que Chile debe evitar.
No se trata de romper con Estados Unidos, país con el cual mantenemos una relación histórica, económica y política relevante. Tampoco se trata de alinearse acríticamente con China. Se trata de algo más básico: defender la autonomía de decisión de un Estado que, conforme al derecho internacional, tiene plena facultad para establecer acuerdos comerciales y tecnológicos con quien estime conveniente, siempre dentro del marco de la legalidad y la transparencia.
La reacción del gobierno chileno deberá ser firme, pero prudente. Firme para defender la institucionalidad y la honra de sus autoridades mientras no exista prueba judicial alguna de irregularidad. Prudente para no escalar innecesariamente un conflicto en un contexto global ya marcado por tensiones entre grandes potencias.
Estamos ante un momento definitorio. El cable submarino puede ser un proyecto tecnológico, pero las sanciones lo han transformado en un símbolo. Un símbolo de la disputa por la influencia en América Latina y de la creciente presión sobre países intermedios para que “escojan bando”.
Chile no debe escoger bandos. Debe escoger sus intereses.
Porque cuando una decisión soberana comienza a ser condicionada por advertencias externas, el problema ya no es técnico. Es político. Y, eventualmente, puede convertirse en un problema de Estado.
