La resolución fue adoptada esta mañana por la magistrado Andrea Rojas, del Tribunal de Garantía de Illapel donde se llevo a cabo la audiencia de fomalización.
El Tribunal de Garantía de Illapel, resolvió aplicar arresto domiciliario parcial nocturno al y prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas y arraigo nacional al único imputado por ahora en la causa.
La Fiscalia lo investiga por delitos reiterados de producción de material pornografico infantil (causa rol 784-2017) y se dio un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación que involucra a un conocido empresario radial de la comuna de Salamanca.
Roy Canales es director y propietario de Radio 7 de Salamanca y de acuerdo a la investigación que lleva a cabo a Fiscalia, el imputado tomó fotografías de carácter sexual de tres menores de edad y grabó en video sin el consentimiento da una cuarta víctima menor de edad, material que almacenó en un teléfono celular de su propiedad
en uno de sus computadores de fotografías de menores en poses que serian evidencia de pornografía infantil, ilícitos que habría perpetrado entre febrero de 2011 y agosto de 2016.
Debido a que la causa involucra menores de edad y considerando proteger la intimidad de éstas, por solicitud de las partes –Ministerio Público y Defensoría- la magistrada Andrea Rojas, resolvió que la audiencia se desarrollara de manera reservada , es decir, solamente se permitió el acceso a los intervinientes, con prohibición de acceso a la prensa.
Tal decisión de la magistrado Rojas se basa en un artículo del Código Procesal Penal (Art. 289), que permite a los jueces alterar la publicidad de las audiencias cuando existen elementos que pueden ser contraproducentes para los derechos de las personas involucradas y en caso especial de niños y niñas.
Trabajo de Fiscalía
Según la imputación de la Fiscalía, dos víctimas en el año 2011 habrían sido fotografiadas por el sujeto, a quienes convencería de posar desnudas. Otra víctima fue también fotografiada en el año 2013 y finalmente, en el año 2016, una cuarta víctima habría sido grabada en video.
Todas ellas no habían cumplido los 18años de edad a la hora de los hechos, según la investigación.
El fiscal de Illapel, Andrés Villalobos, dijo en la audiencia que el sujeto mantenía el material “en su poder y finalmente ese material llegó a la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, OPD de Salamanca y después quedó en poder en el Ministerio Público, luego que una funcionaria de dicha oficina (OPD) denunciara los hechos”, dijo el fiscal.
Tras la formalización de la investigación, el fiscal solicitó medidas cautelares contra el sujeto, las cuales fueron otorgadas por el Juzgado de Garantía. “El tribunal entendió que se encontraba acreditada la existencia del delito y las presunciones de participación del imputado, quien según las propias víctimas las contactó para que mintieran en razón de su edad y señalaran que las fotos se las tomaron cuando eran mayores de edad. Esa cuestión la hizo presente el Ministerio Público para entender la importancia de las cautelares solicitadas”, dijo el fiscal Villalobos.
El Tribunal fijó medidas cautelares de arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a las víctimas.
Además fijó un plazo de investigación de 90 días.
En la audiencia de formalización, si bien la defensa planteó cuestionamientos sobre el origen de la evidencia (pendrive que contenía las imágenes), así como la edad de las víctimas, el fiscal Villalobos dijo que con todo el material probatorio ofrecido se acreditó ante el tribunal que las víctimas eran niñas o adolescentes a la hora de los hechos.
Ahora, en este plazo de 90 días, la Fiscalía deberá ubicar evidencia tecnológica y además resulta necesario periciar un computador. Así también, se requiere la declaración de una víctima que no ha querido prestar testimonio.
Maritza Badillo, madre de una de las niñas afectadas indicó que “estoy conforme porque por lo menos se pudo formalizar a este hombre y lo que espero es que sea juzgado y condenado por lo que hizo”.
En cuanto a que existan otros partícipes de los hechos, el fiscal dijo que por ahora no hay antecedentes a esta altura de la investigación que permita establecer a personas distintas en la producción y almacenamiento del material, lo mismo en la comercialización o distribución del material.
