El defensor penal público Johns Carlos Galleguillos Rubio, en representación del alcalde Christian Frank Gross Hidalgo, ingresó una solicitud formal ante el Juzgado de Garantía de Los Vilos para reprogramar la audiencia de formalización fijada para el próximo 23 de octubre, en el marco de la causa RIT 523-2024, en la que se investiga un presunto delito culposo de lesiones graves.
Según expone la defensa, la petición busca resguardar el derecho del jefe comunal a contar con una defensa técnica de confianza, conforme a los artículos 8 y 102 del Código Procesal Penal, mientras se resuelve una consulta presentada ante la Contraloría Regional de Coquimbo respecto a la legalidad de una contratación directa de una abogada particular con fondos municipales.
El documento presentado ante el tribunal este lunes 16 de octubre, detalla que la Municipalidad de Los Vilos inició el proceso para contratar a una defensora penal con experiencia, con el propósito de minimizar eventuales consecuencias civiles que pudieran afectar al municipio. Sin embargo, la Dirección de Control Interno objetó la legalidad del procedimiento mediante el Informe N°55/2025, mientras que la Dirección de Asesoría Jurídica emitió informes defendiendo su legalidad, respaldados en los memorandos N°127/2025 y N°148/2025.
Ante esta diferencia de criterios, el municipio presentó el 26 de septiembre una consulta de legalidad ante Contraloría (ORD. N°001976/2025), la cual aún no ha sido resuelta. La defensa argumenta que el pronunciamiento podría demorar algunos meses, pero que no existe riesgo de prescripción del delito, por lo que solicita aplazar la audiencia por al menos tres meses.
Asimismo, la presentación invoca el artículo 88 de la Ley N°18.883 sobre Estatuto Administrativo, que establece el derecho de los funcionarios públicos a ser defendidos por la institución cuando los hechos imputados se relacionen con el ejercicio de sus funciones.
“Mi representado aún no se encuentra formalizado, pero ya goza de todos los derechos y garantías que la Constitución y la ley establecen, por lo que resulta necesario esperar el pronunciamiento del órgano contralor”, indica el defensor Galleguillos Rubio en el escrito.
El requerimiento contra el alcalde Christian Gross fue presentado por la fiscal adjunta Lady Dubó Sunkel, quien expuso que el Liceo municipal Nicolás Federico Lohse Vargas, cuyo sostenedor es el propio alcalde Gross, operaba desde 2018 sin la certificación técnica de sus instalaciones de gas emitida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Según la fiscalía, esta omisión habría significado un incumplimiento grave a la normativa vigente en materia de seguridad en recintos educacionales, en especial en lo relativo al uso de gas licuado de petróleo (GLP) para labores pedagógicas.
Fallas en la infraestructura y negligencia
La acusación detalla que las instalaciones interiores del liceo presentaban deficiencias críticas, entre ellas una cañería de gas con llave de paso no sellada ni conectada a artefactos, lo que permitió la acumulación de gas al interior de la sala de gastronomía. Esta situación derivó en una explosión al momento en que la docente a cargo de la asignatura Marcela Cortés, encendió un fósforo para utilizar un horno, provocándole quemaduras de gravedad en rostro y cuerpo, con una incapacidad laboral superior a 30 días.
El Ministerio Público califica el hecho como un cuasidelito de lesiones graves, contemplado en el artículo 492 del Código Penal, en relación con los artículos 490 N°2 y 397 del mismo cuerpo legal, atribuyendo al alcalde la calidad de autor consumado.
La solicitud de la defensa se encuentra actualmente en revisión por el Juzgado de Garantía de Los Vilos, mientras la Fiscalía mantiene la citación para el 23 de octubre, fecha en que el alcalde Gross Hidalgo sería formalizado por el Ministerio Público.
Entre los documentos acompañados por la defensa se incluyen memorandos, decretos alcaldicios y el examen de legalidad emitido por la Dirección de Control Interno, los cuales fundamentan la petición de postergación.
