La comuna de La Higuera se encuentra sumida en una profunda crisis financiera que ha sacudido los cimientos de su administración municipal. Deudas acumuladas, facturas duplicadas y una serie de demandas judiciales por un monto que supera los $1.500 millones han puesto en jaque la estabilidad institucional y el desarrollo de proyectos clave para la comunidad.
El centro de las acusaciones es Yerko Galleguillos (UDI), quien ocupó el cargo de alcalde durante 12 años. Actualmente, enfrenta múltiples demandas en los juzgados civiles de La Serena por facturas impagas. Trece empresas de factoring han iniciado procesos legales contra el municipio, reclamando el pago de facturas que, supuestamente, fueron cedidas con la expectativa de un cobro legítimo.
Facturas cuestionadas y proyectos fantasmas
Gran parte de estas facturas están vinculadas a la empresa Agrocomercial Ibiza SpA. Según investigaciones, estas facturas fueron cedidas a un factoring, pero corresponderían a servicios que nunca se prestaron. Entre los proyectos bajo sospecha destaca la compra de forraje para agricultores y ganaderos de cabras, insumos que, según denuncias de vecinos y documentos oficiales, nunca llegaron a sus destinatarios.
La Contraloría ha identificado que una de las deudas más significativas corresponde a la empresa Tanner Servicios Financieros S.A., que presentó una querella por una factura impaga de $ 426.529.124, relacionada con un proyecto de alcantarillado. 204.817.853) y Fivana SpA ($47.995.497), también han sumado sus reclamos al listado de demandas.
Los fiscalizadores han detectado que varias de estas facturas fueron emitidas sin el respaldo documental necesario. Empresas que prestaron servicios al municipio aseguran que nunca recibieron pagos o que sus facturas fueron manipuladas para otros fines.
Irregularidades en proyectos de urbanización
Uno de los casos más emblemáticos es el de la licitación para la Construcción de Obras de Urbanización Básica en La Higuera, adjudicada en 2018 al contratista Rubén Berrios Ávila por un monto de $5.481.006.018. El proyecto, que incluía la construcción de alcantarillado, pavimentación de calles y mejoras en servicios básicos, tenía un plazo de ejecución de 630 días. Sin embargo, se descubrió que Berrios presentaba facturas duplicadas por los mismos trabajos, lo que llevó a las empresas de factoring a demandar al municipio por impagos.
Un caso similar ocurrió con la licitación de 2021 para obras de urbanización en Punta Colorada, también adjudicada a Berrios por $3.025.446.117. A pesar de los avances reportados, las facturas duplicadas y la falta de transparencia en los pagos generaron un nuevo frente de disputas legales.
Informe de Contraloría revela graves irregularidades
El informe N.º 590-2023 de la Contraloría Regional de Coquimbo, al que tuvo acceso Mega Investiga, detalla una serie de irregularidades en la gestión municipal durante el mandato de Galleguillos. Se identificó la emisión de al menos 20 facturas falsas, con un monto total que ronda los $1.500 millones.
Ausencias y licencias médicas
Mientras las denuncias se acumulaban, Galleguillos optó por mantenerse alejado de sus funciones. Desde abril de 2024, presentó licencias médicas consecutivas, lo que le permitió estar ausente del municipio por más de 80 días. En noviembre de 2024, presentó su renuncia a través de un mensaje de WhatsApp, aunque días después se retractó, argumentando que aún tenía compromisos pendientes.
Querella y medidas judiciales
La actual alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea (PS), presentó una querella contra Galleguillos el 15 de enero de 2025, acusándolo de delitos como falsificación de instrumento mercantil, uso malicioso de documentos falsos, estafa y asociación ilícita. Aquea asegura que la gestión anterior dejó un desorden financiero crítico, lo que ha dificultado la administración actual.
Galleguillos, por su parte, ha negado las acusaciones, atribuyendo los problemas a un tercero y afirmando que siempre se resguardó el patrimonio municipal. Además, ha calificado las acciones de la alcaldesa como “políticamente motivadas”.
Embargo de bienes y futuro incierto
El mismo día de la presentación de la querella, un receptor judicial, acompañado de Carabineros, notificó un embargo preventivo de bienes en el edificio consistorial. Aunque no se ejecutó el embargo, se dejó constancia de bienes que podrían ser afectados en el futuro.
La situación en La Higuera sigue siendo crítica, con una administración municipal que lucha por sanear sus finanzas y recuperar la confianza de la comunidad, mientras las demandas y acusaciones continúan su curso en los tribunales.
