La figura de uno de los agentes más notorios de la represión durante la dictadura de Augusto Pinochet vuelve a ocupar titulares internacionales. Armando Fernández Larios, exoficial del Ejército y exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fue detenido en Estados Unidos y su nombre aparece actualmente en el portal público del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dentro del listado “Arrested: Worst of the Worst”, que destaca arrestos considerados prioritarios por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La inclusión de Fernández Larios en este registro no solo tiene implicancias migratorias, sino que reabre el debate sobre la impunidad de quienes integraron el aparato represivo del régimen militar chileno. Su historial está directamente vinculado a crímenes de lesa humanidad, tanto en Chile como en el extranjero.
En Estados Unidos, Fernández Larios reconoció su participación en el encubrimiento del atentado terrorista perpetrado en Washington en 1976, que costó la vida al exministro de Relaciones Exteriores de Salvador Allende, Orlando Letelier, y a la ciudadana estadounidense Ronni Moffitt. Tras llegar a ese país mediante un acuerdo con fiscales federales, se declaró culpable y cumplió una condena de apenas cinco meses de prisión, una pena que ha sido ampliamente cuestionada por organismos de derechos humanos.
En Chile, su nombre figura en múltiples causas por violaciones a los derechos humanos. Diversas organizaciones, entre ellas el Center for Justice and Accountability, lo han vinculado a episodios asociados a la Caravana de la Muerte, una de las operaciones más brutales de exterminio político ejecutadas tras el golpe de Estado de 1973, así como a otros crímenes cometidos en los primeros meses del régimen militar.
La justicia chilena también ha buscado reactivar su responsabilidad penal. En 2016, la Corte Suprema declaró procedente solicitar a Estados Unidos la extradición de Fernández Larios por el homicidio calificado de Ronni Moffitt, en el marco de la investigación por el atentado de 1976, causa que sigue siendo un símbolo del terrorismo de Estado chileno ejecutado fuera de sus fronteras.
El portal del DHS, donde hoy aparece su perfil, forma parte de una estrategia comunicacional del gobierno estadounidense para exhibir operativos migratorios y destacar a quienes considera “lo peor de lo peor”. En ese contexto, la detención de Fernández Larios vuelve a poner sobre la mesa una deuda histórica: la persecución efectiva y sin privilegios de los responsables de crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet, muchos de los cuales lograron eludir la justicia durante décadas.
La presencia de Fernández Larios en esta lista reactiva la atención pública sobre su situación judicial y refuerza las demandas de verdad, justicia y reparación que persisten a más de cincuenta años del golpe de Estado en Chile.
