La Fiscalía de Perú abre una segunda investigación a la presidenta Dina Boluarte por las muertes tras la represión de las protestas del lunes en Puno, sureste.
El Ministerio Público de Perú ha iniciado este martes una segunda investigación contra la presidenta del país por la muerte de 17 personas durante las protestas antigubernamentales registradas el lunes que exigían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones para 2023 y una nueva constitución, entre otras demandas.
“El día de hoy estamos tomando la decisión de abrir una nueva carpeta fiscal”, ha anunciado a la prensa la fiscal general de Perú, Patricia Benavides.
Según un comunicado de la Cartera peruana, la pesquisa se llevará a cabo sobre los “presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023” además de Puno en Apurímac, La Libertad, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Asimismo, ha recordado que la Fiscalía está realizando “diligencias preliminares” contra Boluarte por las muertes ocurridas durante las manifestaciones de diciembre de 2022.
La segunda investigación contra la mandataria transitoria responde a las denuncias penales presentadas por la congresista Ruth Luque a la Fiscalía, exigiendo que no queden impunes las muertes acaecidas durante las manifestaciones en Puno. Las pesquisas en este caso también incluyen al actual primer ministro, Alberto Otárola, además de otros ministros y altos funcionarios del Gobierno.
En el sexto día consecutivo de las protestas antigubernamentales, al menos 17 personas murieron el lunes, entre ellos un menor de edad y un recién nacido, y otras 68 resultaron heridas en Juliaca, en Puno, por la represión contra los manifestantes.
Desde el 7 de diciembre, grupos y organizaciones sociales se manifiestan en distintas regiones de Perú contra el gobierno de Boluarte, quien respondió a las protestas declarando el estado de emergencia y sacando a los militares a las calles. En este contexto, se han producido enfrentamientos y, en acciones represivas, los uniformados han provocado la muerte de al menos 46 civiles hasta el momento.