La Fundación Protege Los Molles informó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía Local por eventuales delitos ambientales en el Humedal Estuario de Los Molles, ecosistema oficialmente delimitado y reconocido como humedal urbano conforme a la Ley N° 21.202.
La acción judicial se fundamenta en la posible aplicación de la Ley N° 21.595 sobre Delitos
Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente, normativa que permite perseguir
penalmente conductas que generen contaminación o afectación grave a componentes
ambientales, especialmente cuando se trata de áreas bajo régimen especial de protección.
Según indicó la organización, los antecedentes presentados ante el Ministerio Público dan
cuenta de intervenciones en el entorno inmediato del humedal que podrían haber sido
ejecutadas sin evaluación ambiental previa y sin Resolución de Calificación Ambiental, lo
que habría impedido analizar adecuadamente impactos acumulativos, afectación del
recurso hídrico y riesgos para la biodiversidad.
“Decidimos interponer esta denuncia porque la legislación actual permite que el daño
significativo a un ecosistema protegido no quede únicamente en el ámbito administrativo.
Cuando se trata de un humedal urbano reconocido por ley, el estándar debe ser reforzado”,
señalaron desde la fundación.
Protege Los Molles destacó que la Ley N° 21.595 contempla responsabilidad penal tanto
para personas naturales como jurídicas cuando las conductas se realizan en su interés o
beneficio, y que la investigación deberá determinar si los hechos denunciados alcanzan el
umbral de gravedad exigido para configurar delito ambiental.
Como directorio de la Fundación Protege Los Molles, se decidió interponer esta
denuncia “porque hoy existe una Ley de Delitos Ambientales que permite perseguir
penalmente la afectación grave de ecosistemas protegidos. El Humedal Estuario de Los
Molles no es un sitio cualquiera: es un humedal urbano oficialmente delimitado y reconocido por ley, cuya integridad ecológica debe resguardarse con el máximo estándar jurídico”, señalaron.
Cuando existen antecedentes que podrían configurar daño significativo o elusión a la
evaluación ambiental, corresponde que el Ministerio Público investigue con la rigurosidad
que exige la normativa vigente. “Nuestra acción no busca confrontación, sino asegurar que
se respete la ley y se proteja el derecho de la comunidad a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.
En el entorno inmediato del Humedal Estuario de Los Molles se han venido consolidando
intervenciones asociadas a la instalación y funcionamiento de food trucks, habilitación
informal de estacionamientos y uso recreacional intensivo del borde del humedal. Estas
actividades, al desarrollarse sobre suelos frágiles y saturables, generan compactación,
pérdida de cobertura vegetal y aceleración de procesos erosivos en sectores sensibles del
ecosistema, denuncia la Fundación..
Uno de los impactos más preocupantes se relaciona con los espacios de nidificación del
Pilpilén común (Haematopus palliatus), especie que utiliza zonas abiertas del borde costero
y estuarino para reproducirse. El tránsito vehicular, la presencia masiva de personas, el
ruido constante y la ocupación comercial del espacio reducen el éxito reproductivo,
aumentan la probabilidad de abandono de nidos y exponen huevos y polluelos a
depredación o aplastamiento. La alteración reiterada del hábitat implica no solo una
perturbación puntual, sino un deterioro acumulativo del ciclo biológico de la especie.
A ello se suman episodios de vertimientos y descargas asociadas a actividades
comerciales, situación que —según denuncias previas— no sería aislada, sino reiterada en
el tiempo. La alteración visible de la calidad del agua, incluyendo cambios de coloración y
aumento de turbidez, da cuenta de posibles aportes de sedimentos, residuos orgánicos o
contaminantes, afectando la dinámica ecológica del humedal.
“La combinación de ocupación comercial, presión vehicular y eventuales vertimientos
configura un escenario de impactos acumulativos y sinérgicos que aceleran la erosión del
borde estuarino, degradan el hábitat de especies sensibles y comprometen la integridad
ecológica de un humedal urbano oficialmente reconocido y delimitado”,, expresó la organización.
El carácter reiterado de estas intervenciones refuerza la necesidad de una evaluación
integral y de medidas efectivas de control, ya que el deterioro progresivo de un ecosistema
de estas características no solo afecta la biodiversidad local, sino también la resiliencia
ambiental del territorio y el derecho de la comunidad a un entorno sano.
La organización reiteró que la protección del humedal no solo responde a un interés local,
sino a la defensa de un bien jurídico colectivo vinculado al derecho constitucional a vivir en
un medio ambiente libre de contaminación.
