La iniciativa está encabezada por la ONG Quilidangui, representada por su presidenta Jessica Pizarro, y la Coordinadora Nacional contra Aguas San Isidro, liderada por la destacada ambientalista Bárbara Astudillo, con sede en Los Molles. Ambas organizaciones articulan los esfuerzos de las comunidades de Quilimarí, Pichidangui y Los Molles, que han sostenido una lucha constante contra la empresa.
La caminata tiene como objetivo entregar al Presidente de la República, Gabriel Boric, el informe elaborado por la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, que confirmó irregularidades y negligencias en la operación de la sanitaria. Este documento respalda la solicitud de caducidad de la concesión, fundamentándose en años de denuncias, infracciones y multas que la empresa ha acumulado por sus deficientes gestión.
“La gente está cansada de la mala calidad del servicio y la falta de soluciones reales por parte de Aguas San Isidro. Este informe demuestra que no se trata solo de fallas puntuales, sino de un problema sistemático que afecta a millas de personas”, afirmó Jessica Pizarro.
La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados detectó una serie de irregularidades de la sanitaria, conforme al trabajo desarrollado que incluyó visitas a los lugares afectados. “Por fin un organismo del estado se pronuncia de forma contundente contra esta Sanitaria que coloca en riesgo la salud de la población generando graves afectaciones contra el medio ambiente, de malos olores, mala calidad del agua y episodios de contaminación. Esto no hubiera sido posible sin la asociatividad, el trabajo colectivo de organizaciones de vecinos y vecinas buscando incidir en las decisiones que afectaban negativamente a su vida, malas prácticas que deben ser sancionadas con el máximo del rigor” sostuvo Barbara Astudillo.
La dirigente indicó que lo que buscan, es hacer cumplir el programa presidencial en resguardo del Derecho Humano al agua. “Se deben caducar todas sus concesiones a lo largo del país sumado a una política hídrica territorial para cumplir las normativas vigentes y construir las que necesita el país con una nueva oportunidad de gobernanza y gestión” sostuvo.
La caminata, que comenzó en Quilimarí, busca ser una acción simbólica que exprese el descontento y la urgencia de las comunidades por lograr justicia hídrica. Las organizaciones esperan que esta movilización sea el catalizador para que el Gobierno tome medidas definitivas contra la empresa.
Las comunidades afectadas han anunciado que comenzarán con manifestaciones y legales hasta garantizar un servicio hídrico digno y sostenible para todas las regiones impactadas.
