El proyecto busca fortalecer las herramientas del Estado frente al crimen organizado y crea un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública. El Ejecutivo espera que la iniciativa avance con rapidez en el Congreso.
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó al Senado un proyecto de reforma constitucional que busca reforzar las capacidades del Estado para enfrentar el crimen organizado y situaciones consideradas graves para la seguridad pública.
La iniciativa fue presentada con suma urgencia, lo que establece un plazo de 15 días para su discusión legislativa, y contempla ocho modificaciones a la Constitución como parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
El proyecto incorpora nuevas facultades para el Ejecutivo, modifica las herramientas disponibles frente a organizaciones criminales y establece un nuevo estado de excepción constitucional.
Las ocho medidas que propone el Gobierno
1. Seguridad pública como deber del Estado
La propuesta incorpora expresamente la seguridad pública dentro de las obligaciones del Estado, junto con el deber de resguardar la seguridad nacional.
2. Medidas especiales contra el crimen organizado
Se crea un nuevo artículo constitucional destinado a proteger la seguridad pública frente al crimen organizado. Entre otras disposiciones, contempla regímenes penitenciarios diferenciados, restricciones de comunicaciones, visitas y traslados de condenados, además de limitaciones al acceso a determinados beneficios penitenciarios.
También establece que quienes sean condenados por delitos vinculados al crimen organizado quedarían inhabilitados de manera perpetua para ejercer funciones o cargos públicos.
3. Registro de organizaciones criminales
La reforma permitiría establecer mediante ley un registro de organizaciones criminales. La inscripción tendría efectos en la determinación de la responsabilidad penal de sus integrantes, aunque el Ministerio Público deberá acreditar individualmente la participación de cada imputado.
4. Presidente podría declarar una organización como terrorista o criminal
El proyecto entrega al Presidente de la República la facultad de declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional.
La decisión deberá posteriormente ser sometida al Senado, que deberá aprobarla con un quórum de dos tercios de sus integrantes en ejercicio.
5. Se incorpora la amenaza grave a la seguridad pública
La iniciativa amplía las causales para adoptar medidas extraordinarias, incorporando una amenaza grave e inminente o una afectación grave de la seguridad pública, además de las actuales situaciones vinculadas a calamidades públicas.
6. Nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública
Uno de los principales cambios propuestos es la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública, que podría ser decretado por el Presidente frente a una amenaza grave e inminente o una afectación grave de la seguridad pública.
La medida podría extenderse por hasta 120 días, con una eventual prórroga por igual período. Para nuevas extensiones será necesario contar con el acuerdo del Congreso.
Durante su vigencia, las zonas afectadas quedarían bajo la dependencia inmediata del oficial general designado por el Presidente.
7. Mayores facultades durante el estado de excepción
El Ejecutivo podría suspender o restringir la libertad personal y de locomoción, además del derecho de reunión.
La propuesta también contempla la posibilidad de restringir el derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones, junto con disponer requisiciones de bienes, dentro de las condiciones que establezca la legislación.
8. Senado tendrá un rol decisivo
La octava medida establece que el Senado deberá pronunciarse sobre las declaraciones presidenciales respecto de agrupaciones consideradas terroristas o vinculadas al crimen organizado.
La decisión deberá adoptarse en sesión secreta y por dos tercios de los senadores en ejercicio. La Cámara Alta tendrá un plazo de cinco días para resolver y no podrá modificar la declaración presidencial.
Gobierno busca acelerar la discusión
La reforma fue suscrita por el Presidente José Antonio Kast y los ministros del Interior, Claudio Alvarado; Defensa, Fernando Barros; Seguridad Pública, Martín Arrau; y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.
Con su ingreso al Senado y la suma urgencia otorgada, el Ejecutivo busca acelerar la tramitación de un proyecto que pretende modificar de manera significativa las herramientas constitucionales disponibles para enfrentar el crimen organizado y las amenazas graves a la seguridad pública.
Cuestionan proyecto
Mientras el proyecto requiere alcanzar 29 respaldos en el Senado y 89 en la Cámara, el timonel de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, lanzó una advertencia sobre la fragilidad del quórum, señalando que La Moneda difícilmente lograría congregar los 26 votos que suele asegurar en la Cámara Alta. El parlamentario cuestionó la ausencia de conversaciones previas con las colectividades de oposición y criticó que la nueva figura de excepción otorga facultades desmedidas a la Presidencia por 240 días, prescindiendo de una fiscalización parlamentaria inicial.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, declaró que, en las condiciones actuales, su partido no podía apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañaban la institucionalidad, apelando a que no correspondía reabrir el debate constitucional tras los dos procesos constituyentes fracasados. Su postura fue respaldada por otras voces de Chile Vamos, como la senadora y líder de RN, Andrea Balladares, aunque también fue discrepada por figuras del propio gremialismo.
El diputado Daniel Lilayú, del distrito 25, se sumó al sector de la UDI que cerró la puerta a los cambios constitucionales. El argumento de fondo, compartido por ese sector, es institucional: creen que una reforma de esta envergadura no debería tramitarse por la vía exprés que eligió el Ejecutivo.
