Por 141 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, impulsada por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini. Esta acusación se funda en los antecedentes que han sido conocidos en el denominado Caso Hermosilla.
“Este Congreso ha dado una fuerte señal respecto de que no se puede permitir que nuestra justicia esté cooptada por redes oscuras. Tenemos la convicción de que Chile merece una justicia para la gente común y no para los poderosos”, señaló Manouchehri.
El parlamentario indicó en su intervención en la Sala de la Cámara Baja que “hoy no solo se juzga a un ministro, se pone a prueba la dignidad de la justicia chilena. Que las redes de corrupción de Hermosilla no triunfen en este Congreso. La élite de nuestro país debe tomar conciencia de la indignación del pueblo cuando ve que la impunidad se compra con jueces corruptos como Antonio Ulloa”.
Por su parte, la diputada Daniella Cicardini en su intervención en el Hemiciclo afirmó que el caso “demostró que la desigualdad ante la justicia no era un mito”.
“Cuando la gente dice que la justicia no es igual para todos, no se equivoca. La red de Hermosilla probó que ese ‘mito urbano’ era la pura y santa verdad. ¿Vamos a seguir permitiendo que la justicia se arrodille ante el poder? Más daño le hace a nuestra sociedad un juez corrupto que cien delincuentes sueltos. Lo que está en juego no es un nombre, es la credibilidad de todo un sistema”, expresó.
Asimismo, la parlamentaria sostuvo que el Congreso tiene un rol ineludible ante la ciudadanía; “nuestro deber no es reemplazar a los tribunales, pero sí responder cuando se amenaza la democracia. No podemos mirar hacia el techo cuando la justicia pierde autoridad y la gente deja de creer en las instituciones”, aseveró.
Durante el desarrollo de la revisión de la acusación constitucional en la Sala, los legisladores destacaron que ésta se sostiene en tres ejes centrales: la vulneración del principio de reserva, la falta de imparcialidad del magistrado y el presunto tráfico de influencias al interior del Poder Judicial.
“El ministro Ulloa llegó a su cargo gracias a la gestión directa de Luis Hermosilla. Él mismo reconoció que en agradecimiento le enviaba poemas todas las mañanas. Pero no solo le mandaba poemas: le entregaba información reservada para que Hermosilla obtuviera ventajas indebidas”, señalaron.
Añadieron que Ulloa “tejió una red con abogados como Samuel Donoso y Mario Vargas, con quienes compartía cenas y celebraciones, para luego fallar sus causas sin inhabilitarse, favoreciendo a imputados por cohecho y soborno. Eso no es justicia, es corrupción”.
Respecto del tráfico de influencias, enfatizaron que el magistrado “fue parte de un engranaje que buscaba organizar bandos dentro del Poder Judicial, no por ideas, sino por favores, lo que se tradujo en decisiones que beneficiaron a políticos y empresarios involucrados en el llamado ‘Tren de Vitacura’”.
Finalmente, los diputados instaron al Senado a ratificar la decisión de la Cámara. “Esperamos que el Senado actúe conforme al respeto a la Constitución, que los senadores voten con independencia y no bajo la influencia de estas redes oscuras. Estaremos vigilantes para ver quiénes están del lado de los chilenos y quiénes del lado de la corrupción”, cerraron.
