En un giro decisivo para los habitantes del balneario de Pichidangui y comunidades aledañas, la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado por unanimidad el informe final de la comisión investigadora sobre las graves irregularidades de la sanitaria Aguas San Isidro que opera en la zona. Esta empresa, ha sido objeto de críticas y protestas desde hace años debido a la calidad deficiente del agua que suministra, un problema que afecta no solo a Pichidangui, sino también a otras regiones del país.
Bárbara Estudillo Delgado, reconocida Defensora de Derechos Humanos en Asuntos Medioambientales, quien ha liderado las denuncias desde la sociedad civil, destacó la importancia de esta aprobación como un paso crucial hacia la justicia ambiental. En una entrevista exclusiva con DavidNoticias TV, Astudillo enfatizó que “esta aprobación valida los esfuerzos de años de la comunidad por exigir responsabilidad a las autoridades y a la empresa”.
El informe de la comisión investigadora detalla múltiples falencias por parte de San Isidro, incluyendo la falta de cumplimiento con normativas ambientales y la negligencia en el pago de multas, a pesar de múltiples advertencias y oportunidades para corregir las deficiencias. “Es un claro ejemplo de impunidad corporativa que no puede ser tolerado en un estado de derecho”, añadió Estudillo.
Uno de los puntos más críticos señalados por la investigación es la ausencia de normativas adecuadas para regular los procesos de desaladoras en Chile, lo cual ha permitido a San Isidro operar sin el debido control y generar impactos ambientales significativos, como la contaminación del río Quilimarí, declara la ambientalista.
Ante esta situación, la comunidad y organizaciones ambientales han instado al gobierno a actuar con prontitud. “Es fundamental que el Estado asuma su rol de garantizar el derecho humano al agua con una gestión responsable y efectiva”, enfatizó Astudillo.
El escándalo ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de revisar y actualizar las leyes ambientales y de servicios sanitarios en Chile, adaptándolas a las realidades climáticas y ambientales actuales. “La ley de servicio sanitario ya es obsoleta frente al contexto climático que vive el país”, destacó Astudillo.
Por otro lado, la destitución reciente de la SEREMI de Salud de la Región de Coquimbo, Paola Sala, quien reconoció públicamente las deficiencias de la empresa sanitaria, ha avivado el debate sobre la responsabilidad y transparencia de las autoridades locales en la fiscalización de estas empresas.
La aprobación del informe también ha llamado la atención a nivel internacional. Bárbara Estudillo mencionó que durante su reciente participación en el Consejo de las Naciones Unidas, se discutieron las vulneraciones de derechos humanos y ambientales en Chile, subrayando la necesidad de cumplir con las recomendaciones de los relatores de la ONU.
En resumen, la aprobación del informe de la comisión investigadora representa un paso crucial hacia la justicia ambiental y el cumplimiento de los derechos humanos en Chile. “Ahora, la atención se centra en las acciones que tomará el gobierno y en cómo la comunidad podrá participar activamente en la búsqueda de soluciones que aseguren un ambiente sano y un acceso equitativo al agua para todos los chilenos” concluyó.