La acción judicial, respaldada por informes de Contraloría, acusa al ex jefe comunal de los delitos de fraude al fisco, prevaricación administrativa y aplicación pública diferente de caudales públicos.
El municipio de Canela, representado por el alcalde subrogante Pablo Muñoz Ceballos, presentó una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Los Vilos contra el exalcalde y actual concejal Bernardo Leyton Lemus, junto a todos quienes resulten responsables, por los delitos de fraude al fisco, prevaricación administrativa y aplicación pública diferente de caudales públicos .
La acción judicial se fundamenta en dos informes que revelan graves irregularidades durante la administración de Leyton: una auditoría externa sobre compras municipales y el Informe Final N°500/2024 de la Contraloría Regional de Coquimbo, que examinó la ejecución del contrato de obra pública “Construcción Estadio Municipal de Canela” .
Irregularidades en la construcción del Estadio Municipal
Uno de los focos centrales de la querella es la construcción del Estadio Municipal de Canela, adjudicado por $2.999.730.714 con un plazo original de 300 días. Según los antecedentes, la obra registró nueve ampliaciones de plazo entre abril de 2021 y marzo de 2024, acumulando 1.165 días adicionales -equivalentes al 288% del plazo original- sin que los informes técnicos justificaran adecuadamente dichas extensiones .
La Contraloría determinó que las ampliaciones sexta, séptima y octava se fundaron en factores económicos no contemplados en las bases como causal para modificar el plazo, mientras que la novena se sustentó en demoras que no constituían fuerza mayor ni caso fortuito .
El municipio también habría dejado de cobrar una multa de 1.730 UTM -cerca de $130 millones- por la ausencia del administrador de contrato durante 253 días y del prevencionista de riesgos por 93 días. Pese a que la causal estaba objetivamente configurada, el 14 de octubre de 2022, mediante oficio ordinario N°540, el entonces alcalde resolvió no aplicar la sanción, acogiendo la recomendación de una comisión evaluadora no contemplada en las bases ni en el contrato .
La Contraloría calificó esta decisión como improcedente y ordenó acreditar el cobro efectivo de la multa, sin que a la fecha se tenga constancia de su cumplimiento .
Fondos del IND rechazados y otras irregularidades
La querella también aborda el rechazo de fondos del Instituto Nacional de Deportes por $155.846.584, correspondientes a los estados de pago N°3, 4 y 5 del contrato del estadio. El IND observó partidas que no fueron respondidas oportunamente por el municipio y ordenó su reintegro, sin que se acredite que dicho pago se haya efectuado .
De manera paralela, se detectaron otras irregularidades que afectaron el patrimonio municipal. La Contraloría inició un juicio de cuentas por más de $14 millones por pagos sin respaldo durante la administración de Leyton, incluyendo servicios de cena navideña, alimentación para Fiestas Patrias y combustible, entre otros conceptos que no acreditaron su uso adecuado .
Además, cuatro concejales presentaron un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional para solicitar la destitución del exalcalde por notable abandono de deberes y graves infracciones al principio de probidad, señalando contrataciones irregulares por más de $104 millones sin respaldo documental y desvío de fondos de programas comunitarios que nunca fueron ejecutados .
Defensa del exalcalde
Frente a las acusaciones, Bernardo Leyton ha manifestado que se trata de una persecución política sin fundamentos. “Somos testigos de un descarado aprovechamiento político, porque perciben que este liderazgo es un riesgo para las futuras ambiciones que tenga cada uno”, declaró el exalcalde, quien aseguró que cada acusación es completamente falsa y que se defenderá hasta las últimas consecuencias .
Leyton también destacó los logros de su gestión, incluyendo la entrega del estadio comunal con un 85% de avance y la respuesta a las observaciones de Contraloría durante su administración .
La investigación quedará a cargo del Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades penales individuales, incluyendo la posible participación de otros funcionarios en los hechos denunciado
