Un reciente informe de la Contraloría General de la República encendió las alertas en la Región de Coquimbo, tras dar a conocer que los municipios han desembolsado en conjunto la significativa suma de $15.883 millones por concepto de licencias médicas, generando preocupación sobre el impacto de estos gastos en las debilitadas arcas comunales.
El informe reveló que los montos más altos corresponden a las comunas más pobladas, siendo Coquimbo quien lidera la lista con $4.163 millones, seguida por Ovalle con $3.603 millones y Monte Patria con $1.086 millones. Sin embargo, incluso comunas más pequeñas como Los Vilos, Canela o Paihuano han enfrentado cargas significativas, destinando $921 millones, $510 millones y $361 millones respectivamente.
Esta situación ha puesto sobre la mesa un tema sensible: el creciente costo de las ausencias laborales en el sector público y su efecto directo en los presupuestos municipales. Para muchos municipios, estos pagos representan una parte importante de sus gastos corrientes, obligando incluso a redireccionar recursos destinados a inversión social, infraestructura, y programas comunitarios, con el fin de cubrir los reemplazos y asegurar el funcionamiento básico de los servicios municipales.
Desde Contraloría se indica que si bien las licencias médicas son un derecho irrenunciable de los trabajadores, la falta de control, la duración excesiva de algunas de ellas y la alta tasa de reincidencia podrían estar influyendo negativamente en la eficiencia del gasto público.
En municipios como Illapel y Vicuña, con pagos que rondan los $950 millones, autoridades locales han reconocido que parte importante del presupuesto municipal se ve absorbido por estas licencias, afectando la capacidad de inversión en áreas críticas como la seguridad, educación o salud primaria. “Esto nos obliga a tomar medidas internas de monitoreo, pero también a exigir una revisión del sistema a nivel central”, comentó una fuente municipal que pidió reserva.
Entre las comunas que reportaron cifras más bajas están Andacollo con poco más de $61 millones, Río Hurtado con $255 millones y La Higuera con $291 millones, aunque igualmente se consideran montos significativos considerando la escala y población de esas localidades.
El informe de Contraloría ha sido puesto a disposición del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), organismos que podrían evaluar medidas de apoyo o correctivos para reducir el impacto de estas cifras en la planificación y operatividad municipal.
¿Crisis silenciosa?
Distintos expertos advierten que este fenómeno no es exclusivo de la región y representa un síntoma de una problemática nacional que requiere una revisión integral del sistema de licencias médicas, control de ausentismo laboral y fortalecimiento del bienestar laboral en el sector público.
Mientras tanto, los municipios de la Región de Coquimbo continúan haciendo frente a esta carga financiera que, en algunos casos, pone en riesgo la sostenibilidad de sus propios programas sociales y el desarrollo local.
