El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que lanzó una guerra frontal contra la corrupción similar a la implementada contra las pandillas. En un discurso con motivo de su cuarto aniversario al frente del Ejecutivo, dijo que también planea construir una cárcel para los corruptos.
El presidente Nayib Bukele anunció nuevas acciones en su lucha contra la corrupción durante su discurso en el Congreso con motivo de su cuarto aniversario en la presidencia de El Salvador.
En su intervención, Bukele reveló planes para la construcción de una cárcel especial destinada a los delincuentes de cuello blanco. Además, propuso una reforma legal para reducir el número de escaños legislativos de 84 a 60 y disminuir la cantidad de municipios de 262 a 44.
El mandatario enfatizó su compromiso en combatir la corrupción, considerándola un problema “endémico” que se extiende a todos los niveles del Estado salvadoreño, al igual que las pandillas. Manifestó su determinación en emprender una lucha frontal contra la corrupción, utilizando todas las herramientas legales y la fuerza del Estado, tal como lo ha hecho con el combate a las pandillas.
Bukele aseguró que la guerra contra la corrupción será abordada en todos los niveles, involucrando tanto a funcionarios estatales como a empresarios privados que participan en actos de corrupción. Con la misma determinación con la que se construyó una megacárcel para pandilleros, se construirá una cárcel para los delincuentes de cuello blanco.
Sin embargo, el anuncio del presidente generó críticas desde el partido de oposición Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, acusó a Bukele de buscar una concentración total del poder en el Ejecutivo y generar temor en la población. Consideró que la reducción de municipios carece de un plan o diálogo y apuntó a la consolidación de un grupo político y económico que busca abusar de las instituciones del Estado y pasar por encima de la Constitución.
Ortiz afirmó que el país se enfrenta a un rápido y profundo desmantelamiento del Estado salvadoreño, poniendo en riesgo la pluralidad política, la institucionalidad pública y el equilibrio de poderes necesarios para una democracia en crecimiento.