En medio del debate nacional por el financiamiento de la educación superior, una investigación periodística dejó al descubierto que varios parlamentarios —incluyendo representantes de la región de Coquimbo— aparecen en la nómina de deudores morosos del Fondo Solidario del Crédito Universitario.
Entre los casos vinculados a la zona destacan las diputadas Carolina Tello (Frente Amplio), con una deuda de $12,9 millones asociada a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y Nathalie Castillo (Partido Comunista), quien mantiene un saldo pendiente de $27,8 millones con la Universidad de La Serena.
El informe, elaborado por El Polígrafo de El Mercurio, revisó los registros públicos disponibles y estableció que, hasta diciembre de 2025, no solo ocho diputados presentan atrasos en sus pagos, sino también al menos seis autoridades de Gobierno. Entre estas últimas figuran una delegada presidencial, dos delegados provinciales y tres secretarios 
regionales ministeriales (seremis). Los montos adeudados son variados, partiendo desde cifras cercanas al millón de pesos y llegando hasta los $40 millones en algunos casos.
En el listado también aparecen otras figuras del Congreso, como Claudia Reyes (Partido Republicano), con una deuda cercana a los $38 
millones con la Universidad Austral de Chile, y Sara Concha (PSC), con un monto que bordea el millón y medio de pesos con la Universidad del Biobío.
Este instrumento de financiamiento, conocido como Fondo Solidario, está orientado a estudiantes pertenecientes al 80% más vulnerable y que cursan sus estudios en planteles del Consejo de Rectores. Se trata de un crédito otorgado en UTM, con una tasa de interés anual del 2%, cuyo cobro se activa dos años después de egresar. El mecanismo establece que los beneficiarios deben destinar el 5% de sus ingresos al pago de la deuda y contempla la eventual condonación del saldo tras 12 años, siempre que este no supere las 200 UTM.
La situación se da en un contexto en que el propio Gobierno ha llamado a las autoridades públicas a regularizar este tipo de compromisos. El presidente José Antonio Kast advirtió que quienes no estén al día podrían enfrentar un mayor escrutinio público, reforzando la necesidad de coherencia entre el rol público y las obligaciones personales.
El caso vuelve a tensionar la discusión sobre el financiamiento estudiantil en Chile, especialmente cuando involucra a autoridades que hoy participan activamente en la toma de decisiones sobre políticas públicas en educación.
