Un profundo conflicto judicial mantiene en alerta a las familias y organizaciones de pescadores de la Caleta Puerto Manso, en la comuna de Canela, quienes este martes se manifestaron a las afueras del tribunal de Garantía local para exigir que se respete su permanencia histórica en el sector. La movilización surge luego de que Inmobiliaria Agua Dulce presentara una acción judicial contra dos integrantes de la comunidad, acusándolos de ocupar terrenos que la empresa considera de su propiedad.
Magda Valencia Castillo, presidenta del Sindicato de Pescadores de Caleta Puerto Manso, encabezó la manifestación señalando que la demanda afecta no solo a las familias citadas a tribunales, sino a toda la comunidad:
“Estamos acompañando a dos de nuestros compañeros demandados por Agua Dulce, quienes dicen que ellos ocupan terrenos que les pertenecen. ¿Cómo pueden adueñarse de un espacio que por historia siempre ha sido de los pescadores?”, cuestionó. Valencia recalcó que la caleta cuenta con importantes obras de inversión pública, incluido un nuevo muelle, baños, duchas e infraestructura financiada por el Estado, lo que –a su juicio– constituye un reconocimiento institucional del carácter pesquero y comunitario del sector.
Dirigentes denuncian perjuicios económicos y sociales
Iván Riquelme, representante de otra organización gremial de la caleta, advirtió que la acción judicial genera incertidumbre en las familias y amenaza la economía local
“Pensamos que esto estaba saneado, pero aparecen con una nueva demanda. Somos una caleta con más de cien años de historia. Aquí hay dunas, un cementerio indígena, agua, y todo ha sido pasado a llevar. No queremos seguir siendo pisoteados”, expresó.
El dirigente criticó que el Estado no haya puesto freno a lo que consideran una invasión sobre terrenos que, según indican, incluyen áreas fiscales cercanas a una quebrada.
Familias afectadas relatan impacto emocional y económico
Entre las personas demandadas se encuentra el pescador Damián Céspedes, cuya familia vive con temor ante la posibilidad de ser expulsada del lugar donde han trabajado por generaciones. Su pareja, Jocelyn Castillo, relató: “Nuestro futuro está ahí. Dependemos de nuestra caleta y del mar. Esto afecta a nuestros hijos, que sueñan con ser pescadores como su papá. Nos afecta económicamente, familiarmente y en todo sentido”.
Reconocimiento legal y demandas al Estado
La dirigenta Magda Valencia recordó que Puerto Manso es una caleta reconocida por Decreto 240, lo que, a su juicio, contradice la pretensión de la inmobiliaria de ocupar esos terrenos. Asimismo, afirmó que durante semanas han tocado puertas en instituciones como Sernapesca, Subpesca, Bienes Nacionales, MOP y Vialidad, buscando apoyo frente a lo que consideran una injusticia.
Además, la comunidad acusa restricciones de acceso impuestas por la inmobiliaria: controles de identidad, registro de patentes y limitaciones al ingreso de público y comerciantes, pese a que existe un camino enrolado desde 1985. “Nuestro camino sigue secuestrado. Para entrar dependemos de la voluntad del privado”, denunció Valencia.
Inicio del proceso judicial
La audiencia de esta jornada corresponde a la fase preparatoria de un proceso que, según los dirigentes, recién comienza. Sin embargo, la comunidad afirma que defenderá su permanencia en el sector hasta las últimas consecuencias.
“Nuestra caleta es precolombina, fue un puerto importante en 1800 y luego pasó a ser el hogar de generaciones de pescadores. Tenemos la verdad y la historia de nuestro lado”, concluyó Valencia.
Las organizaciones anunciaron que continuarán movilizadas y realizaron un llamado a la comunidad local y regional a apoyar su causa.
Litigio en curso
La causa, que se tramita en el Juzgado de Letras y Garantía de la comuna de Los Vilos, acusa el delito de usurpación no violenta (art. 458 del Código Penal). Los querellados son pescadores artesanales pertenecientes a una comunidad con presencia y faenas históricas en ese territorio, utilizado durante décadas para labores productivas, resguardo de equipos y actividades comunitarias, muy anteriores a la llegada de la inmobiliaria.
A esta disputa se suma el problema del acceso a la caleta. Si bien la Resolución Exenta
N°215 de 1985 del Ministerio de Bienes Nacionales autorizaba el ingreso de los pescadores,
el propio Ministerio informó recientemente -en respuesta a un oficio de la diputada Nathalie
Castillo– que dicho acceso atraviesa un terreno privado y, por lo mismo, no constituye un
bien nacional de uso público.
El origen del conflicto administrativo radica en que aquella resolución fue solo una
autorización temporal y no una servidumbre legalmente constituida. Nunca se realizó el
procedimiento de inscripción ante el Conservador de Bienes Raíces que habría otorgado
carácter permanente y obligaciones explícitas al propietario del terreno.
Frente a estos antecedentes y considerando que la caleta opera hace más de dos siglos, la
diputada Nathalie Castillo expresó su respaldo a los pescadores, subrayando que esto no es un conflicto entre particulares, sino la afectación de un oficio protegido por la Ley de Caletas. “No podemos permitir que se les trate como usurpadores cuando han habitado, trabajado y protegido este territorio desde mucho antes de la llegada de la inmobiliaria. La ley es clara: los terrenos son de utilidad pública y pueden ser expropiados para garantizar su continuidad”, enfatizó la parlamentaria de la región de Coquimbo.
Por su parte, el senador por la región Daniel Núñez, señaló que “Francamente usar la fuerza para sacarlos nos parece que es un acto completamente injusto, abusivo y, por lo tanto, como senador por la región de Coquimbo voy a defender a los pescadores de Puerto Manso. Espero que la Justicia entienda esa situación lo irracional que es esta acción que se está haciendo y vamos a recurrir a todas las herramientas legales que tenemos para defenderlos y también hago un llamado a que el Gobierno del Presidente Boric reacciones frente a esta situación abusiva que se está dando y que perjudica a los pescadores artesanales de Puerto Manso”.
En tanto, el abogado Luis Acevedo se refirió a la defensa de los pescadores, indicando que “lo que nosotros sostenemos es que esa norma en particular que permite el desalojo inmediato, antes de la sentencia de término, es inconstitucional para este caso en específico, porque vulnera la presunción de inocencia, por una parte, toda vez que se está buscando el desalojo antes de la sentencia y dos, porque vulnera el derecho a la vivienda de los pescadores que se encuentran en dicha zona, que además es parte del borde costero, y además vulnera el derechos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el lugar y los adultos mayores. Lo que corresponde ahora es que conozca el caso el Tribunal Constitucional y esperamos que acoja nuestra solicitud para impedir el desalojo, al menos hasta la sentencia de término, donde estamos seguros que nos va a ir bien”.
Finalmente, Damián Céspedes, uno de los demandados, señaló: “Estamos dolidos y ustedes ven aquí a todos los compañeros de la caleta, vamos a tener que esperar qué se nos presenta el 5 de febrero, así que a seguir luchando y los brazos no se van a bajar así tan fácil”.
