La Contraloría General de la República instruyó cursar un sumario administrativo en contra del ex director de la Dideco de Salamanca y ex Gobernador del Choapa, Rodolfo Zúñiga, con el objeto de verificar si dicha autoridad cumplió oportunamente con la obligación legal de denunciar el caso de almacenamiento de pornografía infantil ocurrido en la comuna.
“La Contraloría Regional de Coquimbo instruirá un sumario administrativo a objeto de verificar el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 58, letra K), de la citada ley N° 18.883, así como de la situación advertida en el párrafo precedente, determinando, de corresponder, las responsabilidades administrativas de los funcionarios que pudieran resultar involucrados”, se afirma en el documento de la Contraloría.
La medida del organismo fiscalizador responde a una denuncia presentada en marzo pasado por el diputado comunista Daniel Núñez y que busca determinar la existencia de eventuales infracciones de las obligaciones establecidas en la Ley N° 18.883 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
La denuncia cita puntualmente el artículo 58 de la mencionada ley, letra K, y que prevé como una obligación funcionaria el denunciar ante el ministerio Público o ante la policía con la debida prontitud, los hechos constitutivos de crímenes o simples delitos, asimismo, comunicar al alcalde irregularidades o faltas al principio de probidad de que tome conocimiento.
En el escrito presentado en marzo pasado a la entidad fiscalizadora, se afirma que d acuerdo a antecedentes publicados por un medio regional (Diario El Día) los días 10 y 13 de marzo del presente año, se señala que Settra Cortés habría informado al entonces Director de la Dirección de Desarrollo Comunitario de Salamanca y ex gobernador de la provincia de Choapa, Rodolfo Zúñiga, sobre la existencia de material pornográfico infantil producido y almacenado por Roy Canales, empresario radial de la zona”.
“La Contraloría ya tomó algunas declaraciones a funcionarios y ex funcionarios municipales y a la Dirección Regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Menores y pudo constatar preliminarmente que no se habría cumplido la obligación funcionaria de denunciar el caso de almacenamiento de pornografía infantil. Me parece muy grave si esto se llega a confirmar en el sumario, porque el señor Rodolfo Zúñiga habría incumplido su deber en un tema tan delicado e importante”, recalcó Núñez.
El documento de la Contraloría también determinó luego de tomar declaraciones a ex funcionarios y funcionarios de la municipalidad de Salamanca que el encargado de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) habría ordenado a la ex funcionaria del Área de Protección, Settra Cortés, la entrega de “documentación confidencial que mantenía esa dependencia, a la persona que se encuentra siendo investigado por los hechos denunciados ante el Ministerio Público”.
El empresario radial de Salamanca, Roy Canales, fue imputado por el Ministerio Público por los delitos reiterados por producción y almacenamiento de material pornográfico infantil, ilícitos que habían sido realizados entre febrero de 2011 y agosto de 2016 en dicha comuna. El Juzgado de garantía de Illapel decretó contra el imputado las medidas cautelares de arraigo nacional, arresto parcial nocturno y prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas.
