El Senado aprobó por estrecho margen el proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, iniciativa que ahora continuará su tramitación legislativa tras superar su votación en general.
Con 23 votos a favor y 22 en contra, la Sala dio luz verde a la propuesta, luego de tres sesiones marcadas por un intenso intercambio de posturas. Sin embargo, una de las disposiciones vinculadas a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia fue rechazada al no alcanzar el quórum de 26 votos exigido.
El proyecto —que cursa su primer trámite constitucional— tuvo su origen en una moción presentada por los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel.
Antes de la votación, la senadora Claudia Pascual solicitó, en representación de su comité, abrir un plazo para presentar indicaciones, lo que fue acogido por la Sala, fijándose como fecha límite el lunes 16 de marzo al mediodía.
Tras el resultado, la senadora Yasna Provoste anunció que realizará reserva de constitucionalidad, argumentando que la iniciativa podría contravenir tratados internacionales suscritos por Chile. A esta postura se sumó el senador Fidel Espinoza.
Debate dividido
Durante la discusión intervinieron, entre otros, los senadores Daniel Núñez, José Miguel Insulza, Ximena Órdenes, Juan Ignacio Latorre, Alfonso de Urresti, Fabiola Campillai y Esteban Velásquez, entre otros parlamentarios.
Quienes respaldaron la propuesta señalaron que busca introducir criterios humanitarios en el cumplimiento de condenas, especialmente para internos con enfermedades graves, en fase terminal, con discapacidad o de edad avanzada. Aclararon que no se trata de extinguir penas ni de anular condenas, sino de permitir que, bajo condiciones estrictas, el resto de la sanción se cumpla mediante reclusión domiciliaria total.
En esa línea, argumentaron que el Estado debe garantizar condiciones dignas a personas privadas de libertad, especialmente cuando los recintos penitenciarios no están en condiciones de responder adecuadamente a situaciones médicas complejas.
Por el contrario, los detractores advirtieron que el proyecto contempla requisitos que calificaron como “laxos”, lo que —a su juicio— podría abrir la puerta a beneficios para condenados por delitos graves, incluidos crímenes de lesa humanidad, homicidios o violaciones. Asimismo, plantearon que la iniciativa podría entrar en conflicto con compromisos internacionales como el Estatuto de Roma, que dio origen a la Corte Penal Internacional.
También se cuestionó que el texto no incorporara observaciones formuladas por la Corte Suprema y se sugirió que la Comisión de Constitución debería revisar la propuesta.
Desde la alianza de gobierno se ha cuestionado que se pretende liberar a los condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, entre ellos Miguel Krassnoff.
Se trata de la segunda iniciativa impulsada por los parlamentarios, ya que en primera instancia fue desestimada por el Senado. Tras volver a ingresar el proyecto en la Cámara Alta, la comisión de Derechos Humanos aprobó legislar.
Contenido del proyecto
La iniciativa contempla cuatro artículos. El primero establece cinco principios rectores para el cumplimiento de la pena penal.
El segundo define la reclusión domiciliaria total como la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por el encierro en el domicilio del condenado durante las 24 horas del día. Además, se establece que en ningún caso podrá fijarse como domicilio aquel en que resida la víctima del delito.
El tercer artículo detalla las circunstancias en que el tribunal podrá decretar esta modalidad alternativa por el tiempo que reste de condena. Entre ellas se incluyen:
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Internos cuya privación de libertad impida la recuperación o tratamiento adecuado de una enfermedad crónica.
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Personas que padezcan una enfermedad incurable en fase terminal.
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Internos con discapacidad cuando el régimen carcelario resulte inadecuado y constituya un trato indigno, inhumano o cruel.
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Mayores de 80 años, considerando la suma de su edad real más los años efectivamente cumplidos en prisión, siempre que tengan al menos 70 años de edad.
Con la aprobación en general, el proyecto continuará su discusión en particular, etapa en la que se analizarán las indicaciones que se presenten antes del plazo fijado.
