En Chile se encuentra en discusión uno de los proyectos de ley más importantes de los últimos años —el N° 14838-03—, que debe determinar las reglas de funcionamiento de las plataformas online de juegos de azar y apuestas. De la versión en que sea aprobado dependerá si el país obtiene un mercado transparente y competitivo o se enfrenta al crecimiento del segmento ilegal y la pérdida de confianza por parte de inversionistas y contribuyentes.
La versión actual del documento genera serias preocupaciones entre expertos y representantes del sector. Contiene tres disposiciones que se consideran las más problemáticas: la introducción del llamado “período de enfriamiento”, la tributación retroactiva y sustitutiva, además de tasas impositivas excesivas. Todas estas medidas, según los especialistas, contradicen las garantías constitucionales fundamentales, socavan la lógica económica y prácticamente incentivan a los operadores a pasar a la clandestinidad.
Especialmente controvertido se considera el “período de enfriamiento” contemplado en el proyecto. Este supone que parte de las empresas se verá obligada a hacer una pausa y no podrá obtener licencias o desarrollar actividades, aun cuando formalmente cumplan todos los requisitos. Esta limitación divide artificialmente a los participantes en “privilegiados” y “postergados”, debilita la competencia y reduce la calidad de los servicios prestados. Más aún, esta práctica vulnera el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación arbitraria en la economía, además de destruir la confianza en el sistema regulatorio incluso antes de su puesta en marcha efectiva.
No menos cuestionable resulta el intento de introducir tributación retroactiva y sustitutiva. Se trata de aplicar impuestos a operaciones que se realizaron antes de la entrada en vigencia de las nuevas reglas, así como la posibilidad de cambiar la base tributaria de manera retroactiva. Esto socava el principio de certeza jurídica, ya que las empresas deben saber de antemano cuáles serán las consecuencias tributarias de su actividad. Cuando las reglas cambian después de los hechos, esto pone en duda el derecho de propiedad, aumenta los riesgos regulatorios y aleja a los operadores responsables que Chile espera atraer al ámbito legal.
Las consecuencias económicas de estos enfoques son completamente previsibles. Crean condiciones de partida desiguales y expulsan del mercado legal precisamente a aquellos actores que están dispuestos a cumplir la ley. Como resultado, se fortalece el crecimiento del segmento ilegal: los usuarios se van donde es más barato y simple, y los operadores donde hay menos incertidumbre. Esto lleva a la reducción de la transparencia de las transacciones, al debilitamiento del control del juego responsable y la protección de categorías vulnerables de jugadores, mientras que el presupuesto del país deja de percibir impuestos. Al final, la regulación concebida como instrumento de estabilidad fiscal se convierte en fuente de pérdidas directas.
No menos crítico resulta el bloque tributario. El proyecto de ley contempla tasas excesivamente altas que, en conjunto con el IVA, hacen que el producto con licencia sea más caro que el ilegal. La práctica mundial muestra que la tasa efectiva óptima debe ser de alrededor del 20%: precisamente esta permite al Estado llenar establemente el presupuesto y al sector privado tener incentivos para trabajar legalmente. En la mayoría de las jurisdicciones desarrolladas, el IVA no se aplica en absoluto a las apuestas online o se compensa mediante la reducción de otros impuestos. En caso contrario, el mercado inevitablemente pasa a la clandestinidad.
Las normas sobre el “período de enfriamiento” y los impuestos retroactivos también entran en contradicción con derechos fundamentales consagrados en la Constitución: la igualdad de todos ante la ley, la prohibición de discriminación en la economía y el derecho de propiedad. La proporcionalidad de la intervención del Estado aquí no se respeta, ya que los objetivos planteados se pueden lograr con medios mucho menos gravosos. Una ley sobrecargada con instrumentos excesivos se vuelve vulnerable ante cualquier desafío político o judicial.
Para que el proyecto de ley N° 14838-03 realmente se convierta en la base de un mercado civilizado y competitivo, es necesario eliminar estos defectos. El “período de enfriamiento” debe ser excluido, el mercado debe abrirse simultáneamente para todos quienes cumplan los requisitos de licenciamiento. Es necesario renunciar a la tributación retroactiva y sustitutiva, estableciendo mecanismos de transición transparentes sin sorpresas retroactivas. El modelo tributario debe corregirse: fijar una tasa efectiva del 20% y eliminar la aplicación del IVA a las operaciones online.
La legalización correcta no es una concesión al sector privado, sino la transición del caos a reglas predecibles. Cuando las condiciones son transparentes e iguales para todos, ganan todos: el Estado obtiene impuestos y control sobre los riesgos, las empresas obtienen condiciones justas de trabajo, y la sociedad obtiene protección de los jugadores y competencia equitativa. El proyecto de ley N° 14838-03 es capaz de traer a Chile precisamente este resultado, pero solo después de que se eliminen de él las disposiciones que empujan al mercado hacia la clandestinidad.
