Chile se acerca a una etapa de cambios masivos en el ámbito del gambling online, sin embargo, en lugar de una secuencia lógica de acciones, el país corre el riesgo de seguir un camino que genera dudas entre expertos y empresarios. Lo lógico sería primero desarrollar reglas transparentes para la industria y luego exigir su cumplimiento. Pero el proyecto de ley N° 15975-25, dedicado a la creación de un subsistema de inteligencia económica y medidas contra el crimen organizado, incluye inesperadamente disposiciones que prácticamente criminalizan la actividad de los operadores online antes de que el país tenga su propio sistema de regulación.
En particular, se trata del artículo 24 del proyecto, que propone modificar los artículos 275–278 del Código Penal chileno. En la nueva redacción se introduce el concepto de “juegos de azar ilegales”, bajo el cual caen automáticamente todas las plataformas online que no posean licencia nacional. Pero tal licencia simplemente no existe hoy día: el mecanismo para su otorgamiento debe ser desarrollado en otro proyecto de ley —el N° 14838-03—. Como resultado, todos los operadores activos quedan bajo amenaza de persecución penal solo por el hecho mismo de su funcionamiento.
La principal objeción a esta norma radica en su carácter anticipatorio. La ley, que aún no ha definido las reglas del juego, ya establece castigos por su violación. Este enfoque contradice directamente el principio de certeza jurídica, que es la base del Estado de derecho y garantiza a cada sujeto la posibilidad de saber de antemano qué acciones son permitidas y cuáles están prohibidas.
En la práctica, esto significa que las empresas en Chile carecen de cualquier instrumento para legalizar su actividad. No están establecidos los criterios para obtener licencias, no existe procedimiento para presentar solicitudes, no está definido el organismo facultado para revisar los documentos. Pero al mismo tiempo, la amenaza de responsabilidad penal ya se cierne sobre todos los operadores, incluyendo aquellos que están dispuestos a actuar de manera transparente y conforme a estándares internacionales. Esta situación crea una atmósfera de incertidumbre y prácticamente socava la confianza en las intenciones del Estado de construir un modelo de regulación predecible y justo.
Las consecuencias económicas y políticas de la implementación de esta norma son evidentes. Los expertos advierten: si el proyecto de ley es aprobado en su forma actual, esto complicará el lanzamiento del futuro sistema de regulación y reducirá su efecto a cero. Incluso las empresas dispuestas a trabajar legalmente y pagar impuestos se verán obligadas a pasar a la clandestinidad o abandonar completamente el mercado, sin esperar la ley sectorial. Los inversionistas difícilmente aceptarán invertir en un país donde primero declaran criminal tu actividad y después proponen legalizarla.
Este enfoque puede llevar a un resultado paradójico: en lugar de aumentar los ingresos, el presupuesto del país enfrentará su caída. Mientras más operadores queden fuera del marco legal, menos impuestos ingresarán al fisco. Simultáneamente, el Estado perderá control sobre un sector en el que es particularmente importante supervisar la responsabilidad de los operadores, proteger a menores de edad y combatir la ludopatía. Lo que debía ser un paso hacia la transparencia y el orden corre el riesgo de convertirse en el fortalecimiento del caos.
No menos significativas serán las consecuencias reputacionales para Chile en la arena internacional. El gambling online hoy es una industria desarrollada y de alta tecnología, en la que operan reglas claras en muchos países del mundo. Reino Unido, España, Colombia, Estados Unidos —en cada una de estas jurisdicciones se ha creado un sistema equilibrado de licenciamiento, tributación y supervisión—. Es importante señalar: ningún país comenzó la regulación del sector con castigos penales. Mientras Chile envía señales contradictorias al mercado, las principales empresas mundiales como Betsson, Betano, Coolbet, Latamwin observan la situación. Si el proyecto es aprobado sin cambios, el país corre el riesgo de perder su confianza por años, y posiblemente para siempre.
Por eso, la enmienda clave que establece responsabilidad penal por gambling online no autorizado debe ser excluida del proyecto de ley N° 15975-25 o, como mínimo, postergada hasta el momento del lanzamiento de la regulación sectorial completa. Solo después de la aprobación de la ley especial sobre iGaming, la creación del organismo regulador y la implementación del mecanismo de licenciamiento se podrá hablar de la legitimidad o ilegitimidad de la actividad de los operadores y aplicar sanciones en caso de violaciones.
La regulación sensata siempre se construye sobre el equilibrio de intereses del Estado, las empresas y la sociedad. Hoy este equilibrio en Chile es extremadamente frágil. Un paso erróneo puede echar por tierra las perspectivas del mercado legal y privar al Estado de la posibilidad de influir en él en el futuro. Para evitar esto, las autoridades deben corregir el proyecto de ley N° 15975-25 y eliminar las disposiciones que amenazan el desarrollo de una industria transparente y competitiva.
