El avance de las acciones y las medidas que realizan todas las instituciones que conforman el Consejo Regional contra el Crimen Organizado fueron abordadas y presentadas a los parlamentarios esta mañana en una sesión especial.
En la jornada, el delegado presidencial regional Galo Luna, dio cuenta del trabajo de las policías en narcotráfico, tráfico de armas, robo de vehículos y contrabando, delitos priorizados por el concejo, instancia relevante y que va de la mano también con la agenda legislativa que se desarrolla en el parlamento.
“Se nos pidió poder compartir el trabajo que se ha desarrollado junto a las instituciones que lo integran, tanto de las fuerzas castrenses como la PDI, carabineros, gobernación marítima, pero también con los distintos servicios públicos del estado que cooperan en este trabajo permanente. Nosotros tenemos un plan elaborado sobre el que nos hemos puesto meta, le hemos ido cumpliendo. Nuestro principal foco ha sido atacar en arco cultivo, que es un delito que trae muchas consecuencias negativas para la población, pero aquí ha sido una instancia muy provechosa. Quiero agradecer la colaboración de los senadores, de los diputados y diputadas que nos han contribuido también con su visión para poder seguir avanzando tanto en la gestión regional territorial como también en el parlamento, porque sabemos que la lucha contra el crimen organizado no la podemos hacer solos y necesitamos de la cooperación de distintos poderes del Estado”, señaló Galo Luna.
Si hablamos de droga incautada entre ambas policías, se han sacado de circulación casi nueve toneladas de marihuana, lo que da cuenta del trabajo del plan cannabis de la policía de investigaciones y del OS-7 de Carabineros, unidad que precisamente este año llegó a Limarí y Choapa como parte de uno de los compromisos del Consejo contra el Crimen Organizado.
Al respecto, el senador Matías Walker indicó que “No basta con hacer decomisos de droga, no basta con las condenas a los autores de estos delitos, sino que tiene que ejercerse la atribución que está en la ley que combate el crimen organizado, que le permite a las instituciones pegarle al narcotráfico y el crimen organizado donde más les duele, quitándole sus bienes, el comiso de sus bienes, inmuebles, de sus propiedades, de sus automóviles, de alta gama, mediante las cuales hacen ostentación de su poder”.
Por su parte, el senador Daniel Núñez, destacó la presencia y coordinación de las instituciones para hacer frente al narcotráfico en la zona, como las policías, servicios públicos, como también de parlamentarios con una gran transversalidad, “estamos haciendo un esfuerzo importante, pero todavía insuficiente. Sabemos que tenemos una crisis en materia de seguridad, sabemos que el crimen organizado sigue avanzando, y para poder enfrentarlo y derrotarlo se requiere unidad política, unidad también del estado Chile y en ese sentido ésta es una señal muy poderosa que vamos a trabajar juntos en la región para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y también la corrupción”
En tanto el diputado Marco Antonio Zulantay, rescató que esta instancia deja a los parlamentarios con tareas para avanzar en el Congreso, como la iniciativa del diputado Víctor Pino, que busca llevar el delito de robo de cables, que afecta principalmente a la comuna de La Higuera a una sesión especial en el parlamento.
“Lo hemos pedido ya, estamos solicitando ahora a mis colegas parlamentarios que puedan ojalá poner las firmas, qué es lo que se necesita para poder avanzar. En una comisión especial de investigadores necesitamos no solamente que la región de Coquimbo esté preocupada del tema, sino que también llevarlo más allá. Sabemos que el año pasado en Bío Bío treinta y tres personas fueron detenidas por el cartel de del robo de cable. Entonces, no solamente nos podemos quedar aquí trabajando como lo están haciendo nuestras policías, nuestras instituciones, sino que también llevarlo a una preocupación nacional” indicó.
El Consejo contra el Crimen Organizado está conformado por instituciones como las policías, la Armada, la Fiscalía Regional, Gendarmería y Servicios Públicos, y su objetivo es establecer medidas y planes de acción para enfrentar delitos cometidos por organizaciones criminales en todas las regiones del país.
