La pandemia puso en evidencia la relevancia de Internet en los hogares, el cual posibilita la comunicación de las personas con sus seres queridos en momentos de confinamiento, al igual que el teletrabajo y la educación en línea.
Asímismo, evidenció que Internet debe ser capaz de soportar las necesidades de cada hogar en distintos momentos del día, y esta necesidad por parte de los usuarios se refleja en las estadísticas donde las conexiones a internet a través de fibra óptica crecieron 37,6% en el lapso de un año, superando ampliamente el promedio de todos los países miembros de la OCDE: 13,5%
¿y como lo hicieron?
…. gracias a múltiples inversiones público-privadas para concretar ambiciosos proyectos de infraestructura digital, tales como duplicar los kilómetros de fibra óptica disponibles a nivel nacional, de 18.000 a 36.000 km
¿Y los proveedores de Internet locales, también invierten en renovación de infraestructura?
He ahí el gran problema. Dado que no existe ninguna regulación y ninguna norma de calidad de este servicio, los proveedores locales están usando la misma infraestructura y las mismas redes que utilizan desde hace diez años, para ofrecer servicios a una población de usuarios cada vez más creciente, evidentemente con mayores utilidades, pero con casi cero inversión en redes e infraestructura. Y cuando se usa la misma tecnología y no se aportan nuevos recursos, obviamente se genera una gran deficiencia en el servicio, por lo tanto, aquí hay una absoluta irregularidad, en el sentido de que se ofrece un producto por el cual los usuarios pagan, pero que a determinada hora -lo hemos vivido todos- no funciona a la velocidad ofrecida.
¿Y por qué?
Porque abusan. Ellos compran una cantidad de megas por nodo. Por ejemplo, un mega. Pero este tiene una tasa de una a diez personas, según un sistema probabilístico. Y a la hora de que a las diez se les ocurra navegar al mismo tiempo, evidentemente ese mega será totalmente insuficiente.
Y esto sucede porque la SUBTEL no tiene atribuciones para regular esta materia. Y eso nos parece muy malo, porque se trata de un derecho universal, una garantía constitucional que llegue a todas las casas, independientemente de la condición socioeconómica.
¿Y por qué debe y tiene que ser un derecho universal?
Porque en el futuro, mejor dicho HOY, estar conectado a Internet es tan importante como la propiedad privada y quien no lo esté, se hallará fuera del mundo, porque las redes determinarán los asuntos energéticos, de salud, las relaciones con el Estado, con los supermercados, con las compras en línea, pero hoy, los usuarios estamos en una orfandad total frente a los proveedores de este servicio y es muy relevante que esta materia se regule y no se rija por la ley de la selva, como lo es ahora.
En este servicio existe un problema de sobreventa porque los proveedores que lo prestan venden a una velocidad que no tienen capacidad de cumplir y para rematar, con sus ganancias no renuevan sus obsoletas infraestructuras, o sea, todo para el bolsillo y por eso los ciudadanos percibimos que existe un mal servicio, pero las adiestradas secretarias están prontas para esgrimir las consabidas respuestas:
“Se cayó el sistema caballero”, “Los técnicos están solucionando el problema”…..
QUE ME HAN VISTO LAS W…….
Por Belisario Venegas Muñoz, gestor cultural, escritor y poeta
