Una estrecha votación en el Senado terminó frenando una de las herramientas impulsadas para fortalecer la persecución del crimen organizado en Chile. Con 24 votos a favor y 24 en contra, la Cámara Alta rechazó la norma que buscaba permitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acceder, en determinados casos, a información protegida por secreto bancario sin necesidad de autorización judicial previa, en el marco del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica. El resultado obligó a enviar la iniciativa a comisión mixta para continuar su discusión.
En la Región de Coquimbo, la votación dejó un dato político relevante. El senador de la UDI, Sergio Gahona, se manifestó en contra de la propuesta, alineándose con quienes sostienen que el levantamiento del secreto bancario debe mantenerse sujeto a autorización de los tribunales. Su voto fue parte del bloque que terminó imponiendo el rechazo de la norma tras el empate registrado en la Sala.
A diferencia de Gahona, el senador Matías Walker (Demócratas) no participó en la votación debido a que se encontraba fuera del país. Distintos reportes señalaron que el parlamentario asistía a actividades relacionadas con una conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza. Su ausencia, junto a la de la senadora Ximena Órdenes, fue considerada uno de los factores que incidieron en el empate que terminó sepultando momentáneamente la propuesta. Ambos habían votado favorablemente la iniciativa en la votación previa realizada la semana pasada.
La discusión adquirió especial relevancia luego de las recientes investigaciones sobre lavado de activos vinculadas al crimen organizado. El debate se intensificó tras la denominada “Operación Tokio”, causa que reveló presuntos nexos entre ejecutivos del sistema financiero y una red asociada al Tren de Aragua. Entre los antecedentes conocidos públicamente figuran investigaciones que involucran a ejecutivos ligados al Banco Santander y BancoEstado, hechos que reforzaron los argumentos de quienes promueven mayores facultades para seguir la ruta del dinero de las organizaciones criminales.
Sectores que respaldan la iniciativa argumentan que el acceso oportuno a información financiera es una herramienta fundamental para detectar operaciones sospechosas, desbaratar redes de lavado de activos y perseguir el patrimonio de las bandas criminales. Sin embargo, los detractores insisten en que cualquier acceso a datos bancarios debe mantenerse bajo control judicial para resguardar derechos y garantías constitucionales.
La situación también llamó la atención debido a que, en diversas ocasiones, Sergio Gahona y Matías Walker han coincidido en temas relevantes para la Región de Coquimbo. Uno de los casos más emblemáticos ha sido su respaldo al proyecto minero Dominga, donde ambos han sostenido posturas similares en defensa de la iniciativa. No obstante, en esta discusión sobre seguridad y crimen organizado, los representantes de la región mantienen posiciones distintas.
Ahora, el proyecto deberá ser revisado por una comisión mixta, instancia en la que el Gobierno buscará reponer una fórmula que permita fortalecer las capacidades investigativas del Estado frente al crimen organizado, en medio de una creciente preocupación por la infiltración de redes de lavado de dinero en distintos sectores de la economía nacional.
