De esta manera, el parlamentario del Partido Demócratas, respondió a la consulta sobre la metodología usada para la distribución de los fondos provenientes del Royalty Minero y que ha sido cuestionada por algunos alcaldes de la provincia del Choapa, respecto a los montos que serán asignados a algunas comunas que no presentan mayor actividad minera en la región.
Cabe recordar que las primeras indicaciones al proyecto fueron presentadas en julio de 2022, como una de las materias que contemplaba la Reforma Tributaria del gobierno del Presidente Gabriel Boric, y en octubre pasado se ingresó otro paquete producto de conversaciones con el sector privado y los parlamentarios de la instancia especializada.
Entre otros aspectos, se modifica la escala de tasas para aplicar el impuesto en función del margen operacional de las empresas mineras que produzcan cobre en una cantidad mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino, las que fluctuarán entre un 8% y un 26%. Para el cálculo de margen operacional se permite descontar los gastos propios de la faena productiva, insumos y la depreciación. Además, se propuso establecer un impuesto ad valorem de tasa plana de 1% para la gran minería del cobre cuya explotación supere las 50 mil toneladas métricas de cobre fino, excluyendo de esta forma a la mediana minería. En caso de que el margen operacional sea negativo, no procederá el pago de este gravamen.
Respecto a la metodología usada para la distribución directa de los fondos a comunas que tengan impacto por la productividad minera, la queja de algunos ediles de Choapa ha sido que el proyecto legal favorece en gran medida a las más grandes, lo que se traduce en un centralismo regional, quedando fuera del beneficio por el momento Illapel y Canela.
Al respecto, el senador del Partido Demócrata por la región de Coquimbo, Matías Waker, señalo que “Yo creo que es una pregunta muy válida para hacérsela al Gobierno, que es quién tiene la iniciativa en esta materia. El Royalty siempre se ha concebido como un proyecto en beneficio de las comunas y regiones mineras y, naturalmente, lo que le hemos pedido al Ministro es que la mayor parte de lo recaudado se destine a comunas donde se produce y donde se exporta la minería, para el caso de las comuna de Salamanca, Illapel y Los Vios”.
Indicó que lo importante es que se va a contar con 30 mil millones de pesos para la región de Coquimbo “Y espero que exista un acuerdo respecto a la tasa final, que sea una tasa que nos ubique entre países como Perú y Australia, que permita recaudar esos recursos pero, al mismo tiempo, que permita seguir fomentando las inversiones, seguir dando viabilidad a la industria minera en nuestro país”, precisó el legislador.
Dijo que otro punto solicitado al Gobierno es que “esto vaya aparejado por la seguridad al acceso a las faenas mineras, que el Estado garantice el libre tránsito de los camiones a las faenas por los caminos de accesos y también a los puertos donde se produce la exportación del concentrado de cobre principalmente”.
Distribución a través de tres fondos:
- El Fondo de compensación de externalidades para las Comunas Mineras recibirá una inyección de U$ 55 millones anuales (800.000 UTM), lo que representa un aumento de US$ 35 millones respecto a las indicaciones de octubre. Además, se amplía la definición de comunas beneficiarias a aquéllas que posean faenas distintas a un yacimiento, pero relacionadas directamente con la actividad minera.
- El Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial contará con recursos por US$ 170 millones anuales (2.500.000 UTM), lo que implica un incremento de US$ 100 millones respecto a las indicaciones de octubre. Además, se perfecciona la redacción respecto de las reglas de distribución, se establece que los ingresos del año anterior se considerarán en el cálculo, y que el pago se efectuará en cuatro cuotas anuales en vez de dos.
- El Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo recibirá un aporte anual de US$ 225 millones, y se distribuirá de acuerdo con las reglas del Fondo Nacional por el Desarrollo Regional.
Adicional a estos incrementos, se explicita que los fondos a beneficio municipal serán de libre disposición y podrán utilizarse sin límites temporales, pudiendo acumularse de un año a otro. Además, se agrega una norma de publicidad y control del uso de los recursos, debiendo el Congreso ser informado al respecto.
