Esto, en el marco del debate del proyecto que facultaría al Estado para crear estas plantas.
La representante de la región de Coquimbo indicó que a raíz de la falta de agua y la dura sequía que afectó al país, además de la necesidad del recursos hídrico para diversos procesos productivos es que surgieron, en respuesta al mercado, numerosas plantas desalinizadoras – (19 funcionando) – que se han instalado a lo largo de las regiones de Atacama y Coquimbo y añadió que “debemos iniciar un debate en torno a cómo vamos avanzando en una política pública de construcción de plantas desalinizadoras”.
La presidenta de la comisión de Recursos Hídricos del Senado señaló que al no haber un marco regulatorio en torno a las plantas desalinizadoras podría ocurrir lo mismo que aconteció con las aguas dulces, la privatización y dijo que “mientras no exista una regulación del funcionamiento de las plantas, no permitiría la entrega de concesiones. Existen 20 solicitudes de concesión”.
Asimismo la congresista sostuvo que actualmente el agua de mar no cuenta un estatuto que regule la entrega de este recurso y agregó que “hoy en nuestro Código tenemos regulado la entrega de derechos de aprovechamiento de aguas dulces, pero no saladas”.
Dentro de este mismo contexto le legisladora afirmó que el agua de mar es un bien nacional, es decir de todos los chilenos y chilenas y recalcó que “sin embargo cuando esta agua se procesa y existe inversión privada, pasa a ser privada y por tanto negociable”.
Razón por cual enfatizó en torno a la regulación de este bien nacional “para que no suceda lo que ocurrió con el agua dulce y comiencen a realizar grandes negocios con un recursos que nos pertenece a todos y a todas y que finalmente se cobraría al Estado. En este caso se cobraría en forma de tarifa por la instalación de plantas desalinizadoras de las empresas sanitarias”.
A reglón seguido recalcó que “hoy el Estado está ausente de la construcción de estas plantas. Hoy tenemos un verdadero mercado persa de cañerías, tuberías y sal acumulada, hecho que generaría un impacto negativo a nivel medioambiental y lo que sería un política de organización territorial del nuestro borde costero”, concluyó.
