La sede de la Región Metropolitana del INDH actúa como querellante en este caso, pues uno de los involucrados agredió a una persona durante uno de los operativos realizados para exigir pagos a las víctimas, principalmente comerciantes de nacionalidad china.
El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpables a 10 funcionarios de la Segunda Comisaría de Carabineros que eran parte de una red de corrupción que entre 2022 y 2023 solicitaba dinero a comerciantes de Meiggs, principalmente de nacionalidad china. En esta causa, el Consejo de Defensa del Estado y la sede de la Región Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) son querellantes.
En el marco de esta querella, un funcionario fue declarado culpable de tres delitos de cohecho y uno de apremios ilegítimos. El tribunal dio por acreditado que el 9 de enero de 2023 el funcionario llegó a un operativo policial que se desarrollaba afuera de una bodega de calle Fray Luis de la Peña, Santiago. Ahí golpeó en el rostro a una persona que se hallaba esposada, “en situación de indefensión absoluta frente a la fuerza pública, siendo precisamente esa posición de autoridad y el contexto del procedimiento lo que califica la violencia ejercida”, dijo el tribunal. “No se trata de un exceso aislado de un particular, sino de un acto de quien se vale de su función de manera arbitraria para someter físicamente a una persona ya reducida”, añadió.
La jefa de la Región Metropolitana del INDH, Beatriz Contreras, indicó que “valoramos el fallo, que confirma la existencia de una red de corrupción al interior de la Segunda Comisaría de Carabineros de Santiago, que operaba impunemente en el Barrio Meiggs, afectando de manera sistemática a comerciantes de nacionalidad china. Es especialmente relevante la condena por apremios ilegítimos. Esto no constituye un exceso aislado, sino el uso arbitrario de la función pública para someter físicamente a una persona ya reducida, lo que agrava la responsabilidad del Estado en el ejercicio legítimo de la fuerza”.
Además, la abogada destacó que “el tribunal incorporó una mirada de interseccionalidad al rechazar el argumento de la defensa, que pretendía justificar los hechos apelando a la barrera idiomática de la víctima. Los sentenciadores determinaron correctamente que ese planteamiento constituía en sí mismo un factor de discriminación hacia la población migrante. Desde el INDH seguiremos ejerciendo nuestro mandato de protección de los derechos humanos, especialmente frente a actos de violencia institucional que afectan a grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son las comunidades migrantes”.
En 2025 el Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile del INDH, analizó el impacto de la corrupción en los derechos humanos, señalando que ésta no sólo socava la legitimidad de las instituciones democráticas, sino que compromete el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos pues desvía recursos públicos destinados al goce efectivo de diversos derechos y debilita las garantías de igualdad, participación y acceso a la justicia, entre otros derechos que podrían verse afectados.
