Las cifras fueron parte de la presentación que realizó este lunes el tesorero general de la República, Hernán Frigolett, en la comisión investigadora del CAE de la Cámara de Diputados, en la que se mencionó el mecanismo, que ha sido objeto de críticas. “Cada una de las retenciones se enmarcan en un marco jurídico que está contenido en la propia ley asociada al nacimiento del CAE, por lo tanto, su pertinencia y constitucionalidad vienen derivada de la aprobación, promulgación y publicación de la ley”, señaló durante la comisión Frigolett.
Los montos que recauda la TGR pueden ir dirigidos al Fisco o a la banca, dependiendo del organismo al que la persona adeude el crédito.
Respecto de la retención de impuestos, la diputada Camila Rojas, presidenta de la comisión investigadora, la calificó “como un abuso, focalizado en trabajadores a honorarios que no necesariamente terminaron sus carreras, precarizando aún más sus condiciones de vida”.
Además, la parlamentaria criticó que “resulta irregular que la TGR se involucre, en los hechos, como una institución cobradora de los bancos, sobre todo considerando que la retención de impuestos no depende necesariamente del beneficio del CAE”.
Por otro lado, a la comisión asistió también el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Mario Farren. Uno de los puntos que mencionó fue respecto de los cobros del CAE que están en proceso judicial. Según señaló Farren, estos bordean los 40 mil casos.
“Esto representa, al cierre de 2017, cerca de un 7,8%, un porcentaje relativamente bajo en relación a los créditos otorgados”, dijo durante la comisión el superintendente.