Molestia y preocupación generó entre organizaciones de pescadores la decisión del Gobierno de retirar el proyecto de nueva Ley de Pesca, iniciativa que buscaba reemplazar la actual normativa vigente, conocida como Ley “Longueira”, tras varios años de trabajo y participación del sector.
Según denunciaron dirigentes y autoridades, la determinación del Ejecutivo implica mantener la legislación actual, introduciendo solo modificaciones sobre su base, además de descartar la tramitación de una ley de acuicultura independiente. Esto ha sido interpretado como un retroceso por parte de quienes participaron activamente en la elaboración del proyecto.
La diputada Carolina Tello criticó duramente la medida, señalando que mantener la actual normativa favorece a los grandes grupos económicos del sector. “Es un traje a la medida de las siete familias más poderosas de la pesca, al preservar las licencias transables tipo A”, afirmó, agregando que existen instancias democráticas, como la Comisión de Pesca, para discutir y perfeccionar el proyecto en lugar de retirarlo.
Desde el mundo de la pesca artesanal, el dirigente Pascual Aguilera, representante de la Coordinadora Alianza del Norte (CORANOR) y del sector de la jibia, expresó su indignación por la decisión gubernamental. “Después de dos años de trabajo, este Gobierno borra todo de un plumazo. Nos hacen sentir que no existimos”, sostuvo, acusando además falta de diálogo y consenso en la medida adoptada.
Aguilera advirtió que el sector no descarta movilizaciones y que la respuesta será “muy potente”, frente a lo que calificó como una falta de respeto hacia los pescadores.
Ante este escenario, las organizaciones del rubro anunciaron una reunión de emergencia para definir acciones futuras, asegurando que no permanecerán pasivos frente a lo ocurrido.
