Un nuevo antecedente surgido a partir de informes del órgano contralor revela la presencia de funcionarios municipales de la provincia de Choapa en un listado nacional vinculado a apuestas prohibidas, situación que ya está generando preocupación en las autoridades locales.
De acuerdo con la información analizada, en Salamanca se identifica a un funcionario involucrado, mientras que en la Los Vilos aparecen dos trabajadores municipales en el registro. En tanto, en Illapel también figura un funcionario, sumándose además el caso de la Canela, donde se detectaron tres funcionarios en esta situación.
En relación con las transacciones detectadas, el informe detalla que los tres funcionarios de Canela alcanzan un total de $304.088 en movimientos asociados a apuestas. En Los Vilos, los dos funcionarios registran $249.040, mientras que en Illapel el monto llega a $11.400 en un caso individual. Finalmente, en Salamanca, el funcionario involucrado presenta transacciones por $100.190.
Estos antecedentes se enmarcan dentro de una investigación más amplia que detectó la participación de funcionarios públicos a nivel nacional en plataformas de apuestas, pese a las restricciones legales que rigen para quienes se desempeñan en la administración del Estado.
Según lo informado, las cifras reflejan montos que, aunque variables, evidencian una conducta reiterada que podría constituir infracción a la normativa vigente, lo que refuerza la gravedad de la situación y la necesidad de revisar eventuales responsabilidades administrativas.
Desde las instituciones correspondientes se ha instruido la apertura de sumarios administrativos de carácter reservado, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar posibles sanciones. Asimismo, se ha dispuesto en algunos casos el alejamiento preventivo de funciones relacionadas con el manejo de recursos públicos mientras avanzan las indagatorias.
Cabe recordar que la normativa vigente prohíbe expresamente este tipo de prácticas en funcionarios públicos, contemplando sanciones que pueden ir desde multas hasta la destitución del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos acreditados.
El caso sigue en desarrollo y no se descartan nuevas medidas a medida que avance la investigación en las distintas comunas involucradas.
