Gran preocupación existe en el sistema de salud pública tras el decreto firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que establece un recorte presupuestario de $413.193 millones al Ministerio de Salud durante mayo de 2026, equivalente aproximadamente al 2,4% del presupuesto anual de la cartera.
La medida impactaría directamente a más de 80 hospitales del país, además de la atención primaria de salud, incluyendo CESFAM y postas rurales, generando inquietud entre funcionarios, gremios y autoridades comunales debido a las posibles consecuencias en la atención de millones de pacientes.
Entre los recintos que se verían afectados aparecen centros asistenciales emblemáticos como la Hospital de Urgencia Asistencia Pública, el Hospital Sótero del Río y diversos hospitales de la Región del Biobío, donde ya se advierte sobre dificultades operativas producto de la reducción de recursos.
Según los antecedentes conocidos, el ajuste presupuestario contempla recortes a FONASA y podría derivar en disminución de personal médico, reducción de insumos clínicos, falta de medicamentos y complicaciones en las atenciones de urgencia, en un escenario donde las listas de espera ya superan los dos millones de personas a nivel nacional.
La situación también encendió las alertas en la atención primaria. Alcaldes de distintas comunas advirtieron que el recorte pondría en riesgo la continuidad de 24 programas de salud, varios de ellos enfocados en adultos mayores, tratamientos domiciliarios y cuidados paliativos, afectando especialmente a sectores más vulnerables.
Desde el Colegio Médico de Chile manifestaron su preocupación por la magnitud del ajuste, señalando que la medida “estrangula” el funcionamiento de los hospitales públicos y compromete seriamente la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
Funcionarios de la salud y dirigentes gremiales sostienen que el recorte podría profundizar aún más la crisis hospitalaria, aumentando los tiempos de espera para cirugías, consultas de especialidad y tratamientos médicos, en momentos donde numerosos establecimientos ya operan bajo fuerte presión asistencial.
El anuncio además generó críticas desde organizaciones sociales y sindicales, las que cuestionan que el ajuste recaiga sobre un área considerada esencial para la población, especialmente en medio de las crecientes demandas por mejorar el acceso y la calidad de la salud pública en Chile.
