Una demanda civil y querella infraccional fue presentada ante el Juzgado de Policía Local de Illapel en contra de la Ilustre Municipalidad de Illapel y de un funcionario municipal, tras un accidente de tránsito ocurrido en febrero de este año en la ruta D-47.
La acción judicial fue interpuesta por el abogado Erwin Mendoza Contreras, en representación de Mónica del Rosario Cruz Molina, propietaria de un vehículo Citroën Berlingo que resultó con severos daños tras una colisión registrada el pasado 7 de febrero de 2026.
Según expone la demanda, el accidente ocurrió alrededor de las 18:15 horas, cuando Jaime Alexis Tapia Cruz conducía el vehículo de la afectada en dirección de norte a sur por la ruta D-47. En ese momento, un automóvil Chevrolet Sail perteneciente a la Municipalidad de Illapel y conducido por el funcionario Alex Guillermo González Fredes habría realizado una maniobra de viraje en una zona con línea continua, impactando al otro móvil.
Producto de la colisión, el conductor perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra un paradero de locomoción colectiva.
Uno de los aspectos más delicados expuestos en la presentación judicial apunta al procedimiento posterior al accidente. De acuerdo al relato contenido en la querella, tras comunicarse con Carabineros, el conductor afectado habría sido informado de que no existía personal disponible para concurrir al lugar. Posteriormente, el funcionario municipal involucrado habría asumido el procedimiento en el sitio del suceso, indicando que “todo estaba listo” y que podían retirarse.
La demanda sostiene además que, ante su disconformidad, el conductor afectado acudió personalmente a Carabineros de Illapel para exigir la realización del procedimiento correspondiente, incluyendo constatación de lesiones y alcoholemia.
En la acción judicial se acusa al conductor municipal de infringir normas de tránsito al efectuar una maniobra imprudente y no mantenerse atento a las condiciones del tránsito, situación que —según el escrito— sería la causa directa del accidente.
La presentación también incluye una demanda de indemnización de perjuicios contra el funcionario y contra la Municipalidad de Illapel, en calidad de propietaria del vehículo involucrado. La parte demandante solicita el pago de más de 21 millones de pesos por concepto de daño emergente, daño moral y desvalorización del vehículo afectado.
Entre los daños detallados se mencionan la destrucción de airbags, neumáticos, focos delanteros, amortiguadores, puerta izquierda y el motor completo del automóvil.
Asimismo, el abogado solicitó una medida precautoria para impedir la venta o transferencia del vehículo municipal involucrado mientras se desarrolla el juicio.
Otro punto que llama la atención en la presentación es la recusación presentada contra el juez del Juzgado de Policía Local de Illapel. La parte demandante argumenta que existe una eventual falta de imparcialidad, considerando que los jueces de policía local son designados y financiados administrativamente por los municipios.
Por esta razón, se solicitó que la causa sea derivada al Juzgado de Policía Local de Los Vilos u otro tribunal competente.
Hasta ahora, desde la Municipalidad de Illapel no se ha emitido una declaración pública respecto de la demanda presentada.
